Aunque el empresario y dueño del Grupo Techint intentó deslindarse de los sobornos y los atribuyó a la crítica situación que vivían los ejecutivos argentinos en Guayana en 2008, autoridades señalan que eso no lo exculpa.

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El juez argentino Claudio Bonadio que lleva la causa de los Cuadernos de las Coimas o los Cuadernos K por el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner entre 2003 y 2015, resolvió procesar a Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, por el pago de coimas luego del anuncio en 2008 de la estatización de la siderúrgica Sidor por orden del expresidente Hugo Chávez. A la par, declaró un embargo de 4.000 millones de pesos, precisó el diario Clarín.

Sidor, que opera a menos de 5% de su capacidad instalada, salió a relucir en los Cuadernos K el 10 de agosto de este año, cuando funcionarios de Techint admitieron que las contribuciones que el grupo, presidido por Paolo Rocca, pagó a los funcionarios de Cristina Kirchner, presidenta durante la estatización de la siderúrgica, fueron para que la hostil situación que vivían sus empleados argentinos en Ciudad Guayana se resolviera, expresó entonces el director institucional corporativo de Techint, Luis María Cayetano Betnaza, en tribunales ante el juez Bonadio.


Las averiguaciones de los Cuadernos K han resultado en la solicitud de detención preventiva de la expresidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, un embargo de una suma cercana a los 100 millones de dólares y más de 40 procesados entre políticos y empresarios
         

La declaración se desprende de un artículo publicado el 10 de agosto en el diario La Nación, en el que la compañía aclara que estos aportes no estuvieron vinculados a contratos de obras públicas en Argentina. “Techint actuó frente al estado de necesidad para preservar la integridad de sus empleados y sus familias en 2008 en Venezuela”.

Los sobornos se tradujeron en cuotas mensuales de 100 mil dólares. Son ocho pagos descritos en los Cuadernos K, como se le conoce a las anotaciones en siete cuadernos realizadas por Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, el número dos del ministro de Planificación argentino, Julio De Vido. El periodista del diario La Nación, Diego Cabo, tuvo acceso a los cuadernos, facturas y videos entregados en una caja por Jorge Bacigalupo, un policía retirado de 73 años, encargado del resguardo de las bitácoras que trazan la recolección del dinero ilegal por parte de funcionarios.

“Actuamos para defender nuestra gente” (…) Desde 2007, el hostigamiento del gobierno de Chávez fue cada vez más fuerte”, afirmó el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, en una reunión organizada por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y reseñada por La Nación el 17 de agosto de 2018.

En octubre, Rocca había negado estar al tanto de los pagos realizados a funcionarios argentinos durante el proceso de estatización de Sidor y afirmó que “el dinero salió de las utilidades de los accionistas, que administraba Zabaleta”, reseñó La Nación, en alusión a Héctor Zabaleta, otro directivo de la compañía con 48 años de servicio en el grupo y el único detenido tras la aparición del grupo siderúrgico en los cuadernos de las coimas.

Justificó que los pagos eran una cuestión humanitaria debido al acoso que sufrían los ejecutivos argentinos en Venezuela y que fueron realizados bajo coacción “presionada por los funcionarios argentinos que le reclamaban dinero para evitar la nacionalización o ayudar a la firma en las negociaciones”, reseñó el rotativo argentino, que agrega que el empresario permaneció tranquilo y pausado mientras declaraba.

Sin excusas

Pese al manifiesto desconocimiento alegado por Rocca, La Nación reseña que el juez Bonadio consideró que hay prueba suficiente para asegurar que el alto directivo de Techint sabía de los pagos al gobierno kirchnerista.

En la resolución judicial, reseñada por el diario argentino Clarín, el juez indica que se pudo determinar “la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades” del Gobierno y del ministerio de Planificación Federal, “diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

Entre las empresas que pagaban los sobornos, indica Bonadio, se encontraban dos directivos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza “quienes habrían realizado diferentes entregas de fondos ilegales a Roberto Baratta”, reseñó Clarín. Si bien Rocca se deslindó de las coimas asegurando que no tenía conocimiento de los pagos, la resolución establece que eso “no lo exime de responsabilidad, no resultando creíble la falta de conocimiento alegada”.

“Bonadio entendió que se muestra la responsabilidad de Rocca en los hechos investigados sosteniendo que en la época ‘en la que se habrían hecho los pagos, el nombrado habría encabezado las negociaciones con los gobiernos de Argentina y Venezuela por las plantas de Sidor”, puntualizó.