Viajes a territorio de la UE de 18 funcionarios del gobierno de Maduro, además de exportaciones de armas y armamento a Venezuela siguen prohibidas.

Bruselas.- La Unión Europea (UE) prolongó un año las sanciones impuestas en 2017 a Venezuela y la cúpula política del país, una medida que afecta a 18 personas de confianza del presidente Nicolás Maduro, informó este martes la entidad en Bruselas.

Seguirán vigentes las prohibiciones, vigentes desde el 13 de noviembre de 2017, de viajar a territorio de la Unión Europea y además seguirán congelados los depósitos bancarios. Asimismo, las exportaciones de armas y armamento a Venezuela siguen prohibidas, ya que se pueden emplear en la represión de la población.

El listado de 18 está conformado por Tareck El Aissami, Sergio José Rivero Marcano, Jesús Rafael Suárez Chourio, Iván Hernández Dala, Delcy Eloína Rodríguez, Elías Jaua Milano, Sandra Oblitas, Freddy Alirio Bernal, Katherine Harrington, Socorro Elizabeth Hernández y Xavier Antonio Moreno, además de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; Tarek William Saab, Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol, Gustavo González y Antonio Benavides.

Según la UE, la razón de esta decisión es que la situación en Venezuela sigue empeorando. A las personas afectadas por las sanciones se las acusa de violaciones de los derechos humanos, así como de socavar la democracia y el Estado de derecho en el país sudamericano.

“Estas medidas están destinadas a ayudar a alentar soluciones democráticas compartidas para traer estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades apremiantes de la población. Estas medidas específicas son flexibles y reversibles y están diseñadas para no dañar a la población venezolana”, indicó la UE a través de un comunicado.

La UE ha reiterado en numerosas ocasiones su disposición para ayudar a encontrar una salida democrática a la crisis multidimensional actual a través de una negociación significativa y orientada a resultados, “realizada de buena fe, que incluya a todos los actores políticos relevantes de Venezuela”.

Numerosos países, organizaciones internacionales y la oposición consideran que las últimas elecciones en el país no fueron democráticas porque muchos de los adversarios políticos del presidente Maduro se encuentran en prisión o no se les permitió participar. (Con información de DPA)

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