Wilmer González fue visto por última vez en febrero de este año, antes de irse a trabajar a una mina en el estado Delta Amacuro. La última comunicación con su familia fue en la primera semana de marzo, desde entonces no se ha sabido nada más de su paradero. El fotógrafo, además de trabajar para el Correo del Caroní, colaboró con varios medios internacionales, incluyendo la alianza de este medio con Info Amazonia, para el reportaje de investigación recientemente premiado: "Explorando el Arco Minero".

Aún proliferan casos de ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar, que violan derechos humanos y que atentan contra la calidad de vida ciudadana. José Gregorio Martínez, de 25 años, fue asesinado el 4 de septiembre, y familiares denuncian el abuso de autoridad de funcionarios del Cicpc.

La violencia retornó al portón de Ferrominera. La mañana del jueves fue apresado Abdul Hurtado, secretario de Trabajo y Reclamo, lo que fue denunciado como una persecución laboral. El miércoles se dio un enfrentamiento con dirigentes del sindicato paralelo, donde estos acusaron de agresiones a miembros de Sintraferrominera.

Aunque la mayoría de los 185 homicidios ocurrieron entre siete de las parroquias de San Félix, Unare concentró la mayor cantidad de asesinatos, decapitaciones y desmembramientos en el periodo entre marzo y junio, analizado por el capítulo Ciudad Guayana de Monitor de Víctimas. Con 27% de los homicidios, está en el primer lugar en violencia, seguida de Chirica, con 15%, y de Simón Bolívar, con 13%. Junio es, hasta ahora, el mes más violento de 2018: 53 de estos crímenes fueron perpetrados durante ese mes.

La pugna armada por un yacimiento de oro en la población de Maripa deja seis fallecidos, entre ellos, el líder de una comunidad indígena. Se trata de un crimen que corrobora la conflictividad que el Estado no ha podido controlar, a pesar de haber ejecutado distintos proyectos como la reconversión minera. Por el contrario, los conflictos aumentaron a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco, que no solo ha dejado una devastación ambiental en la región sino también masacres como esta.

Presuntamente, la corriente del río arrastró el cuerpo hasta la laguna del sector La Españolita, Puerto Ordaz, una de las zonas afectadas por la crecida del Caroní.

Durante un procedimiento, en el que no hubo heridos ni fallecidos en los organismos de seguridad, los funcionarios golpearon, patearon y rompieron la cámara del reportero gráfico Wuilmer Barrero, del diario Primicia, quien estuvo detenido durante varias horas en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por cumplir con su trabajo: informar. Las minutas del organismo de investigación hablaron del hecho como un “enfrentamiento”, término oficial con el que están maquilladas con eufemismo las ejecuciones extrajudiciales.

Un sector de Puerto Ordaz, en Bolívar, ha visto este año tres decapitaciones de cerca y, luego, las masacres por parte de organismos de seguridad de los responsables: es un ciclo de violencia que retrata la realidad de una ciudad que, por estadísticas, se convirtió en la novena más violenta del mundo en 2017. Sus vecinos, mientras tanto, se empecinan en bautizar cada calle y cada esquina con un nombre bíblico para, al menos, sentirse protegidos en vista de la pérdida de legitimidad que, en frente de ellos, tienen las autoridades policiales y militares.

El primer informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género, coordinado por Codehciu, contabilizaba 12 femicidios en el primer trimestre de 2018, conteo al que se incluyó el hallazgo del cuerpo desmembrado de una mujer desaparecida desde mayo. Julio inició con otros dos femicidios. De estos 15 crímenes ocurridos en el estado Bolívar, solo dos han sido resueltos por los organismos de seguridad del Estado.

La orfandad del sector Gran Sabana, mejor conocido como Core 8 por su cercanía con el más importante comando de la Guardia Nacional en Ciudad Guayana, ha devenido en una criminalidad que no da respiro a las familias.

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