Familiares de privados de libertad tras ser detenidos entre el 22 y 23 de enero, en el contexto de las manifestaciones contra Nicolás Maduro en Ciudad Guayana, esperan por la definición de la audiencia preliminar -sobre la que no han tenido información ni fecha pautada-, además de exigir su libertad plena.
Reiteraron que no hubo elementos de prueba al momento de la detención, para ser acusados de «guarimberos», entre otras irregularidades dadas al momento de la presentación ante tribunales.
Ninoska Rangel, mamá de Andrew Villalba (18 años), contó que este estaba el 23 de enero en la entrada de ‘La chicharronera’ en el sector Villa Bahía. Reclama la necesidad de atención médica, pues sufre de una giardia lamblia alojada en el estómago, lo cual le ha ocasionado úlceras gástricas.
Las familias insisten en su exigencia de que no haya retardo procesal y sean liberados. Uno de los casos de los detenidos es el de Ángelo Profetta, quien iba de visita a casa de su novia, cuando fue aprehendido sin tener nada en las manos -aseguró su mamá. Además, es otro de los privados que requiere un cuidado especial de salud. «Le falta un riñón y un bazo, es asmático y le ha dado como tres ataques de asma, tengo pocos medicamentos, los vecinos a veces son los que me rescatan».
Otra de las irregularidades se da con la detención de Oscar Valdivieso el 22 de enero en Core 8. Posterior a su aprehensión fue detenido otro joven; en el sector Las Teodokildas, dos más; y en Las Amazonas a un señor y una menor de edad. Todos fueron presentados en un mismo grupo, bajo la misma causa. «Dijeron que estaban guarimbeando». Actualmente están recluidos en el comando de la Guardia Nacional en Sidor, en un espacio hacinado y compartido con presos comunes.
Camila González, activista del Foro Penal Venezolano, destacó que existe el miedo de los familiares por posibles represalias con los detenidos. Sin embargo, reiteró que cuentan con el apoyo de esta otras organizaciones, y que «las represalias no deben ser suficientes para callar la voz de la justicia, denunciar es el deber ser, la gente tiene que saber lo que está pasando, los retrasos procesales, las violaciones de derechos humanos. No tengan miedo, hay personas que los apoyan».
En el estado Bolívar se dieron más de 70 detenciones entre el 22 y 23 de enero, cuando además de manifestaciones de calle y cacerolazos, se registraron saqueos en algunas zonas de San Félix y Puerto Ordaz.
