En la cuenca del río Caura conviven indígenas, criollos, militares, sindicatos y minería. Los pueblos originarios de esta región del país tienen veinte años esperando el título de demarcación que contempla cuatro millones de hectáreas. Un nuevo megaproyecto para el desarrollo de minería a gran escala, que convoca a empresas mineras trasnacionales, amenaza con desplazarlos finalmente de sus territorios.

En un foro organizado por Pastora Medina y Américo De Grazia, advirtieron sobre la degradación natural que representa este proyecto que abarca el 12% del territorio nacional.

En entrevista a Correo del Caroní sobre la OLP, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoce que hay una dualidad sobre estos operativos: la necesidad de erradicar la violencia y la violación de derechos humanos en algunas de las incursiones. “Las incursiones solo han servido para robarnos, maltratarnos y dejarnos sin empleo”, comenta un minero.

Los asesinatos, el contrabando y las desapariciones forzadas son la realidad diaria en las minas de Bolívar. El diputado del sur del estado, Américo de Grazia, no tiene la menor duda sobre los homicidios recientes minas adentro: la OLP intenta limpiar la zona para las trasnacionales... a la usanza de uno de los grupos parapoliciales más peligrosos de la zona, la banda de el Topo, cuyo líder fue señalado de perpetrar la masacre de Tumeremo, que hace cuatro meses enlutó al país.

Al menos cuatro casos de asesinatos han sido denunciados al diputado Américo De Grazia en julio, uno de ellos sobre la existencia de una fosa, tal como ocurrió en Tumeremo. El legislador por los municipios del sur del estado Bolívar atribuye estos operativos para “limpiar la zona” y así facilitar la entrada las trasnacionales. Los organismos de seguridad no han querido confirmar las muertes.

Instaron a los demás parlamentarios de la MUD a cohesionarse, pues hoy el régimen ataca al diputado de La Causa R, pero mañana puede ser cualquiera la nueva víctima del régimen decadente de Nicolás Maduro.

Es tiempo de luchas por no ceder el ejercicio de la protesta, la crítica y la movilización de todos los sectores sociales, denunciando la gangrena de un modelo que fracasó en lo económico y en lo político.

El partido Avanzada Progresista celebró un pleno regional en el que discutieron lo referente al referendo revocatorio, así como el proceso de relegitimación de los partidos políticos.

El parlamentario denuncia que se trata de una retaliación política por ser “incómodos al gobierno”; acota que esta acción no significará el cese de sus denuncias.

Integrantes de la comisión encargada de realizar la consulta pública de la Ley del Oro escuchó a comunidades, mineros y trabajadores en Ciudad Guayana quienes proponen que riquezas mineras se traduzcan en mejores servicios y calidad de vida.

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