El partido advierte sobre las irregularidades en la convocatoria de Nicolás Maduro, al plantear bases comiciales y sectorizar la participación para llevar a cabo el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente.

Además de la suspensión de los salarios a diputados, la Asamblea Nacional pasa por una crisis financiera al punto de vivir de colaboraciones para costear viajes y hasta el material de oficina.

 Este martes se realizó la presentación del proyecto de Ley para la Protección de la Mega Reserva del Sur del Orinoco, con el que se busca derogar el decreto de creación del Arco Minero. 

Así como la masacre de Tumeremo, el Arco Minero del Orinoco cumplió un año de creación la semana pasada. Expertos en la materia minera y ambiental aseguran que el proyecto sigue siendo inviable, por las consecuencias ambientales y sociales que implica y la falta de seguridad personal y jurídica en la dinámica económica y política nacional.

La comisión especial de la Asamblea instó a la Fiscalía determinar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales; sin embargo, esta ignoró informe de comisión.

La negativa deliberada de los presidentes de las empresas a suministrar información a la comisión investigadora, el paraguas del desacato impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Asamblea Nacional, y la orden del presidente Nicolás Maduro de que toda solicitud del Ejecutivo deba pasar por la Vicepresidencia de la República, crean un entramado de obstáculos que no solo enturbia la poco transparente gestión de las empresas básicas, sino que dificulta las gestiones para su recuperación.

“El deterioro del ambiente en el sur del Orinoco está avanzando con o sin Arco Minero”, aseguró el diputado Américo De Grazia.

Ahogada en un mar de imprecisiones, fallas comunicacionales y divergencias no resueltas, la alianza opositora requiere de una reforma urgente que detenga una mayor erosión de su base de apoyo que determinó la victoria en las parlamentarias de 2015. El desafío incluso es superior hoy día con el cierre de la vía electoral y un proceso de diálogo fracturado.

La Causa Radical, a través de Andrés Velásquez, plantea que los comicios de gobernadores no deben estar sujetos a ninguna negociación.

Los diputados José Prat y Américo De Grazia denuncian la negligencia del gobernador para controlar el vandalismo en Ciudad Bolívar y otras poblaciones del estado, frente a la irresponsable medida del presidente de sacar de circulación en 72 horas el billete de 100 bolívares.

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