Miércoles, 07 Febrero 2018 00:00

Comerciantes informales protestaron la demolición de más de 20 puestos ambulantes en Upata

 
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@OrianaFaoro

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Ayer en la madrugada demolieron al menos 20 puestos ambulantes ubicados en la calle frente al mercado municipal de Upata. Testigos aseguran que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) custodió la operación que sorprendió a los locatarios informales, que no fueron advertidos de la demolición.

Rafael Bermúdez, comerciante de ropa afectado, asegura haber perdido 200 millones de bolívares en mercancía tras el derrumbe de todos los negocios. “No dejaron nada. Tumbaron los negocios con todo y mercancía adentro (…) dicen que es para frenar el bachaqueo, pero ahí perjudicaron a vendedores de queso, barberos y gente que vende ropa”, lamentó.

La calle donde efectuaron la demolición, en los alrededores de la piedra de la capilla de San José, era conocida por ubicar a revendedores de alimentos de la canasta alimentaria y otros productos básicos, pero en la operación de la madrugada, también afectaron a otros que no se dedican al mercado negro que surgió luego que el Gobierno controlara los precios de productos de primera necesidad.

Tras el derrumbe de los comercios con su mercancía, más de 100 personas reclamaron en el centro de Upata la mañana de este martes para rechazar la medida tomada por la alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth García, quien ya se había reunido con los comerciantes informales para notificar una reubicación al mercado de mayoristas. Los llamados buhoneros no aceptaron mudarse a esa zona, pues es alejada y perderían su clientela. Pensaron que la negociación continuaría, pero no fue así. 

Mercado inconcluso

La protesta de locatarios fue intimidada por la GNB y terminó, sin respuestas de reubicación ni indemnización, a las 12:00 del mediodía. El concejal Rafael Saavedra reportó que, debido a la masiva manifestación, todos los comercios cercanos cerraron sus puertas desde las 10:30 de la mañana, por temor a disturbios.

El edil rechazó la demolición de los negocios ambulantes, por considerarlo una medida improvisada, en vista de que no hay una reubicación programada.

Rafael Bermúdez, quien tenía 23 años trabajando en el mercado, recordó que la construcción de la nueva ala del mercado municipal de Upata está paralizada desde hace un año, en donde estaba planteado que les reubicarán para aliviar el tráfico de la calle. “Nosotros no sabemos ni cuándo terminan eso ni a quién van a meter ahí, porque no hay nada oficial”, respondió, aludiendo que la adjudicación podría viciarse por amiguismo dentro de la Alcaldía de Piar. 

Sin trabajo

El comerciante informal afectado asistió a la reunión que sostuvieron con la alcaldesa García este martes a las 5:00 de la tarde. La conclusión quedó pautada para otra reunión, que se hará hoy, en la que esperan recibir respuesta sobre el lugar de la reubicación.

“No sabemos por qué derrumbaron eso así de repente… Lo único que nos dicen es que es orden de (gobernador de Bolívar) Justo Noguera”, planteó Bermúdez.

La demolición abrupta de los negocios en el municipio Piar coincide con la operación ejecutada en el municipio Caroní, entre el sábado y este martes, en la que derrumbaron de madrugada todos los locales ambulantes que compraban oro en Alta Vista Norte. En ambos casos, tanto en Upata como en Puerto Ordaz, se vieron afectados comerciantes que no se dedican a la venta ilegal de metales o productos regulados de la canasta alimentaria.

En los últimos años ha proliferado el trabajo informal ambulante en el estado Bolívar, producto de la depreciación del salario y el desabastecimiento de productos básicos: hay ventas informales de pan frente a panaderías que no producen por la hiperinflación; de harina de maíz precocida, arroz, pasta, refrescos y de más productos escasos en los mercados formales, por los que los ciudadanos pagan cualquier precio.

Años de nula regulación del comercio informal devinieron en la masificación de puestos ambulantes que, recientemente, privilegian el pago en efectivo de sus productos bajando el precio a clientes dispongan de billetes.

Ahora, más de 20 buhoneros de Upata reclaman su derecho a trabajar, mientras el gobierno improvisa cómo poner orden al comercio de productos básicos.

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