El urbanista Simón Yegres y la ONG Contraloría de lo Público y lo Urbano recuerdan los planes diseñados en el municipio en los que se preveían las contingencias que hoy padecen muchas familias guayanesas por la crecida de los ríos Orinoco y Caroní. Este año, en el municipio, casi 2 mil personas han resultado afectadas, según el último reporte de Protección Civil. Pero, además, se suma el mal manejo de los embalses por parte de Corpoelec al represar el agua y descargar tarde los aliviaderos, síntoma de la impericia con la que se maneja esa infraestructura. 

Las últimas obras de remodelaciones de esta zona datan de los años 80 y 90. La versión más reciente de ellos, el Plan especial centro de San Félix, está encajonado desde 2007. Mientras, el comercio informal continúa desordenando todo el ideal urbano y prolifera contrabando de alimentos y efectivo, afectando negativamente la dinámica y ganancias del comercio formal. Culmina así, con esta tercera entrega, la serie sobre el declive urbano de la ciudad, desarrollado por la periodista Oriana Faoro en alianza con Lincoln Institute of Land Policy y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

La Gran Misión Vivienda Venezuela es el programa habitacional del Estado, vigente en todo el país, tutelado por el Ministerio de Vivienda. En Puerto Ordaz, el 49% de sus obras se alza sobre terrenos no zonificados para uso residencial. En los sectores Toro Muerto y Santa Rosa, el plan estatal no tomó en cuenta los proyectos previstos para reurbanizar, y su propuesta tampoco mejoró los servicios básicos ni erradicaron el hacinamiento. Es ese el basamento de la segunda entrega de esta serie.

El presidente asignó 2.525 millones de bolívares para terminar una obra que, según él, tiene 92 por ciento de avance. Su presupuesto total es “unos de 3 mil millones de bolívares”, según la Gobernación, en julio de este año.

El Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) destinó esa parte de la zona industrial de Cañaveral para la construcción de una planta de alúmina y cinco más de aluminio.

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