La Guardia Nacional fue la responsable de los arrestos, cuando Rodolfo Merchán, Luis Barroso y Noel Marchán realizaban una asamblea en el portón IV de la empresa. Los trabajadores protestan contra el incumplimiento de pagos, desmejoras en sus beneficios y la tabla salarial discutida con el sindicato paralelo.

Los trabajadores desconocen si existe orden de detención en contra de los dirigentes sindicales, pero aseguran que se repite el patrón del arresto de González en 2009, cuando fue acusado de instigación a delinquir, agavillamiento, violación de la zona de seguridad y daños al patrimonio público y encarcelado durante dos años. Los militares irrumpieron en la casa del dirigente tumbando un paredón. La huelga, que comenzó la semana pasada, tenía como fin exigir dotación de uniformes y de implementos de seguridad.

Primero les dijeron que no cobrarían los 8 millones 400 mil bolívares que debían pagarles sino, solamente, 2 millones. Después, que se los pagarían con billetes de 500 (que ya dejaron de ser aceptados en muchos comercios). Y, finalmente, que no habría para pagarles a todos. Fue por eso que grupos de pensionados cerraron varias vías de Alta Vista durante la mañana y el mediodía de este miércoles: es el drama mensual que deben enfrentar cuando, sometidos a condiciones infrahumanas (calor, lluvia, incomodidades), reciben un pago que no les alcanza ni para comer.

El reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela, recoge testimonios que documentan las arbitrariedades de régimen como respuesta a la disidencia, y en la que la impunidad por tratos crueles, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, pareciera no tener fin

El ex inspector del Cicpc se atribuyó el robo de armas a la Guardia Nacional en Miranda, luego de difundir un video en twitter revelando su identidad una vez cometido el asalto.

El directivo sindical, Roger Salazar, dijo que la retención fue injustificada. Responsabilizó del hecho a sindicato patronal que se formó recientemente en la industria.

Las estaciones de servicio surtían solo combustible de 91 octanos este martes, y máximo 45 litros por vehículo. Funcionarios de la Guardia Nacional aseguran que está garantizado el hidrocarburo para los próximos días.

A Yoselkis Morillo le costó identificar el cadáver de su hermano: las fuerzas de la dictadura que irrumpieron en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja) en la noche del martes y la madrugada de miércoles lo dejaron desfigurado y mutilado. Su relato es prueba de la bestialidad de la actuación de los cuerpos de seguridad que masacraron a 37 presos, un hecho por el que el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, pretende culpar al gobernador Liborio Guarulla.

La acción fue realizada por la Guardia Nacional y el Ejército, tras numerosos hechos violentos en la zona y el derrumbe de parte de la mina la semana pasada, hecho que causó la muerte de un trabajador artesanal y dejó dos heridos.

La Unidad Democrática reafirmó que el único órgano autorizado para destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz es la Asamblea Nacional.

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