viernes, 29 marzo 2024
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CDH UCAB a Chile: El ingreso irregular no es una barrera para la solicitud de refugio

En una serie de mensajes dirigidos al presidente Sebastián Piñera, al presidente electo, Gabriel Boric; y a la próxima canciller de Chile, Antonia Urrejola, el centro hizo un llamado urgente para que la familia sea liberada.

“El ingreso irregular no puede convertirse en barrera para la solicitud de refugio. Chile podría incurrir en una grave violación de derechos humanos”, indicó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), tras conocer y denunciar el arresto de una familia venezolana en la frontera al norte de Chile.

Esta familia venezolana con dos hijos, uno de ocho años de edad con síndrome de Down y un bebé de un año de edad, fue detenida por Migración Chile el 19 de febrero.

“Funcionarios gritaron en repetidas ocasiones a la familia, pese a haber sido advertidos de la condición del niño especial, quien ahora presenta ansiedad y miedo. Ningún estado de emergencia puede justificar maltrato a un niño que tiene una condición”, denunció el CDH-UCAB.

En una serie de mensajes dirigidos al presidente Sebastián Piñera, al presidente electo, Gabriel Boric; y a la próxima canciller de Chile, Antonia Urrejola, el centro hizo un llamado urgente para que la familia sea liberada.

Por otra parte, la Red Jesuita Con Migrantes señaló que la familia está en un centro de detención y que “les hicieron proceso de deportación, les dicen que están esperando que lleguen más personas para completar un avión para deportar a Venezuela”.

Decreto de emergencia en Chile

El pasado 16 de febrero entró en vigencia estado de emergencia en la región norte del país austral. De acuerdo con el decreto del presidente Sebastián Piñera, las Fuerzas Armadas pueden ser convocadas para actuar junto con las policías locales y federales para controlar la migración.

La medida presidencial rige en Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa, donde se han desplegado 100 carabineros (policía federal) y 672 efectivos de las Fuerzas Armadas para resguardar las fronteras y “controlar la inmigración ilegal”, se lee en el comunicado.

El decreto tendrá una vigencia de 15 días y corresponderá al Congreso otorgar una renovación por 15 días.