“La familia dejó de ser la misma. Todos los días nos levantamos con entusiasmo, pensando en positivo, que lo encontraremos, pero no, ya no, ya no ha sido igual, y esto sucede en todos los hogares en que un hijo está desaparecido”, esta es la afirmación de Lisbeth Zurita, creadora del grupo Esperanza de Madre, que integra a más de 50 madres venezolanas que buscan a sus hijos desaparecidos en la frontera colombo-venezolana y que no han obtenido respuesta de las autoridades.
Su hijo Enisael Job Contreras Zurita regresaba a Ciudad Bolívar, Venezuela, por la frontera entre el departamento Norte de Santander, Colombia, y el estado Táchira, en el mes de julio de 2019, después de haber estado trabajando en las minas colombianas. La llamó desde Cúcuta para informarle de su regreso y desde aquel momento no sabe más de él, tan sólo la pista de un amigo de Enisael que en el año 2020 le aseguró que estaba trabajando en una finca.
Lisbeth Zurita pensó que su hijo no podía comunicarse por problemas de señal, pero después volvió a contactar al joven que le había dado la información para pedirle mayor precisión, con el fin de ir a buscarlo. “Él me dijo: mire señora yo con decirle esto ya yo estoy metido en problemas, no me pregunte más”, relata Zurita.
Esa respuesta le hizo indagar y así conoció que en Colombia hay fincas tomadas por grupos guerrilleros o al margen de la ley, dedicadas a la siembra o el raspado de coca. Teme que su hijo pueda estar obligado en algunas de ellas.
En los últimos cinco años en la frontera colombo-venezolana ha surgido el término “desapariciones forzadas transfronterizas”, para referirse a ciudadanos de ambas naciones a quienes se les ha perdido el rastro, en medio de la migración pendular y el movimiento económico que existe en esta zona binacional.
En Colombia las desapariciones han sido constantes en el contexto de la lucha armada. Para febrero de 2023 la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), informó que había 104.602 personas desaparecidas; mientras que Medicina Legal presentó un informe en el que se especifica que hasta el mes de septiembre habían desaparecido 4.403 colombianos, 105 de los cuales ingresarían en el campo de desaparición forzada.
En Venezuela este fenómeno creció con más fuerza desde la pandemia por COVID-19 en el año 2020, cuando miles de venezolanos decidieron cruzar el país caminando para emigrar, y ha ido incrementando con el paso de los años. Organizaciones no gubernamentales manejan subregistros de desaparecidos, los cuales no pueden ser contrastados con los organismos de seguridad, pues no presentan cifras.
Según la Fundación Redes (Fundaredes), desde el año 2019 hasta marzo de 2024 han desaparecido 1.091 venezolanos, 13 de ellos entre los meses de enero y la penúltima semana de marzo del año en curso. El grupo Esperanza de Madre maneja una data de 55 desaparecidos; mientras que la Fundación Progresar, que hace vida en Colombia, pero asiste a familiares de desaparecidos de ambas naciones, ha atendido (según informes públicos) 109 casos de migrantes de nacionalidad venezolana que han desaparecido, 39% de los cuales están entre los 29 y 59 años de edad. El Estado colombiano sólo ha avanzado en tres casos para su esclarecimiento.
Quienes manejan estos subregistros coinciden en que la mayoría de los familiares de desaparecidos tienen temor a denunciar, y a esto le suman que, tanto en Venezuela como en Colombia, las autoridades desestiman las denuncias y no les aceptan los reportes.
Todo esto ocurre en un contexto en el que Norte de Santander se ha constituido históricamente como una de las zonas con mayores índices de desaparición forzada en Colombia, según Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar, a quien se intentó contactar para este trabajo periodístico, sin obtener respuesta. Su ubicación fronteriza con Venezuela convierte a este departamento colombiano en un territorio estratégico para el accionar de los grupos armados y el desarrollo de economías enmarcadas en la informalidad y la ilegalidad.
Clara Ramírez, directora encargada de Fundaredes, afirma que los familiares creen el mito que no puede reportarse una desaparición hasta que no pasen 72 horas, y esto lo utilizan algunos funcionarios para minimizar el hecho de las desapariciones. Asegura que en Venezuela hay familias que han sido amenazadas cuando intentan registrar una denuncia, o reciben como respuesta que la niña o la adolescente se fue con el novio, o que sus esposos se fueron con otra.
“Siempre son las respuestas minimizando el dolor de la víctima, pero también no atendiendo a esta función que tiene por ejemplo el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) como un órgano auxiliar en la administración de justicia, y que es a quien le corresponde ese tema de investigaciones de personas desaparecidas. La Fiscalía lamentablemente cuando estas personas denuncian pues obviamente ¿a quién acuden? Acuden al Cicpc como un órgano auxiliar, el que tendría que ir al terreno a investigar, y por eso la mayor parte, por no decir que la totalidad de las víctimas a lo largo y ancho de Venezuela no tienen respuesta. Este es un patrón”, agrega Ramírez.
A familiares de las víctimas les preocupa que más allá de los medios de comunicación, no hay quien le preste atención a la desaparición de venezolanos en el contexto fronterizo. Esa fue una de las razones que llevó a Lisbeth Zurita a crear Esperanza de Madre, y que incentivan a organizaciones defensoras de derechos humanos a seguir elevando su voz de denuncia por este tema.
“Nadie habla de las personas desaparecidas en Venezuela, nadie habla de que hay desaparecidos como un fenómeno en todo el mundo. En Latinoamérica hablan de los desaparecidos en el conflicto armado colombiano, de las desapariciones en México, que siguen siendo masivas, pero nadie habla de que en Venezuela también hay desaparecidos, y que en el estado Táchira cuando se quiere aparentar una total normalidad con esto de que se abrió la frontera, no ha cesado el tema de las desapariciones, se han seguido incrementando incluso posterior a la apertura de frontera. Las trochas se siguen usando para movilizar gente”, explica Clara Ramírez de Fundaredes.
En este fenómeno la ONG ha encontrado un patrón, y es que en zonas fronterizas es donde confluyen casi todos los desaparecidos que son de otras regiones del país. Los puntos álgidos son el estado Táchira con la frontera del Norte de Santander; el estado Bolívar en las minas y en el estado Falcón, en las zonas costeras.
Madres con esperanza y desesperanza
Hasta el año 2021 fue que Lisbeth Zurita logró viajar a la ciudad de Cúcuta a buscar a su hijo Enisael Job Contreras Zurita. Indagó en hospitales, clínicas, hoteles, terminales de pasajeros, en Medicina Legal, morgues y en las calles. Preguntó en uno y en otro lado y fue “como si se lo hubiera tragado la tierra”. Jamás pensó que regresaría de ese viaje con las manos vacías y el corazón destrozado.
Ante la desesperación, comenzó a publicar a su hijo en redes sociales y así se fue encontrando con grupos de personas que estaban viviendo la misma situación. Se dio cuenta que este fenómeno no estaba ocurriendo sólo con su ser querido, sino con muchos venezolanos, lo que para ella fue alarmante, por lo que decidió crear el grupo Esperanza de Madre.
“Comenzó la iniciativa de querer agruparnos para apoyarnos, para de una u otra manera hacernos escuchar, que se sepa de los casos, que hay una problemática bastante complicada, fuerte en fronteras, que nuestros hijos están siendo desaparecidos en fronteras y en otros departamentos de Colombia, y comenzamos nosotras a apoyarnos mutuamente, porque cuando a uno se le desaparece un familiar no sabe nada, uno queda como que en un barco a la deriva, desorientado, uno no sabe qué hacer, uno no sabe a dónde acudir, a qué instancia uno debe colocar la denuncia”, relata.
Zurita destaca que poner una denuncia en el Cicpc en Venezuela o en la Policía de Colombia es un proceso lleno de trabas, por lo que el camino se cierra para el familiar en búsqueda. Si es en Venezuela, les dicen que vayan a Colombia que fue donde ocurrió la desaparición. “Te hacen creer que te están tomando la denuncia, pero luego vas a verificar cómo va el caso, qué ha pasado y resulta que en el sistema no hay absolutamente nada. Se burlan de uno en términos generales”, expresa.
Para ella fue difícil que le tomaran la denuncia en los dos países, pues se desconoce en qué punto ocurrió la desaparición de su hijo. “Tuve que insistir en varias ocasiones para que me pudieran tomar la denuncia, para que mi hijo pudiera ser buscado tanto aquí en Venezuela como en Colombia, porque él desaparece en fronteras, entonces yo decía si mi hijo logró cruzar y está de este lado, entonces no me lo van a buscar porque sencillamente desapareció en el territorio colombiano. Es un tema complicado y nos ha costado mucho”, indica.
Esperanza de Madre agrupa actualmente a 55 mujeres, madres, hermanas, esposas, que han perdido a un familiar. El mayor apoyo lo han encontrado de la Fundación Progresar, que funciona en la ciudad de Cúcuta. Con ellos han logrado formalizar las denuncias en Colombia, cotejar ADN, entre otras acciones, para también corroborar si sus familiares están en fosas comunes.
Estos casos también han sido presentados por la organización a la Cruz Roja Internacional, en donde han adelantado algunas acciones, ante la Cancillería y la Asamblea Nacional en Venezuela, pero no han obtenido respuesta.
En situación de calle
Desde el 26 de enero de 2019 Yennifer Zapata no sabe nada de su hijo Williams José Parra Zapata, quien para ese entonces tenía 18 años de edad. Vivía en la ciudad de Cúcuta, en donde trabajaba como vendedor informal, pero a pesar de no tener teléfono celular, diariamente se comunicaba con su mamá a través de la red social Facebook.
Williams y Yennifer son de Cagua, estado Aragua, desde donde el joven salió -junto a unos amigos- como muchos otros venezolanos, con la esperanza de encontrar mejores ingresos para crecer económicamente y apoyar a su familia, sin embargo, no lo había logrado hasta entonces. Vivía en situación de calle y esto lo sabía su mamá.
“Se comunicaba conmigo vía Facebook, hasta el día 26 de enero del 2019 a la 1:00 de la tarde, hora de Venezuela. Se comunicó conmigo, me dijo que tenía situación de calle, que él me volvía a llamar a las 5:00, pero no me llamó, y como tal pues no he sabido más de él desde ese día. Él se fue a buscar un mejor futuro”, recuerda la madre del joven.
A partir de aquel momento la familia lo ha publicado por las redes sociales pidiendo información, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco han podido viajar a Colombia a formalizar la denuncia de su desaparición, por falta de recursos económicos.
Como ella, otras tantas madres venezolanas que desconocen el paradero de sus hijos, no saben cómo buscarlos y mucho menos tienen idea de cómo llegar a la frontera con Colombia. Ante esto, el diputado de la Asamblea Nacional por la comisión de frontera, Juan Carlos Palencia, manifestó que la presencia de grupos armados ilegales y grupos delictivos se ha hecho sentir más en el contexto migratorio venezolano.
No entiende por qué hasta ahora no se han emprendido trabajos conjuntos entre los gobiernos de Venezuela y Colombia para buscar a quienes están desaparecidos, y critica que apenas se haya dado un acercamiento entre el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y el de Norte de Santander, William Villamizar, para anunciar subreuniones, sin mayor avance.
“Como ya se restablecieron las relaciones entre Venezuela y Colombia, las diplomáticas y consulares, debe existir la coordinación suficiente entre la Fiscalía de ambos países y entre los organismos de investigación criminal, para que den respuesta sobre estos desaparecidos”, indica Palencia, quien es enfático al señalar que a través de las trochas se siguen cometiendo delitos de trata de personas y explotación.
Aunque este tema lo llevó al Parlamento nacional y los familiares de las víctimas han ido a presentar sus testimonios, no ha obtenido una respuesta favorable para emprender acciones que lleven a respuestas más concretas. Cree que la apertura de frontera sigue siendo un show político, que, aunque ha mejorado el movimiento social para beneficio de quienes requieren comprar alimentos y medicinas en medio de la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, no ha servido para que las autoridades de ambas naciones actúen en conjunto en la solución de problemas graves de seguridad.
La búsqueda de Rosa
El 1 de abril de 2022 salió Jhaylander Raúl Arévalo Reyes, de 22 años de edad, de su vivienda ubicada en el barrio El Paraíso de la localidad de La Fría, municipio García de Hevia del estado Táchira, a buscar unos repuestos para su moto en Colombia, vestido con franela roja, pantalón azul y zapatos de goma. En su motocicleta cruzó por la trocha “La China”, del sector Guarumito, municipio Ayacucho, para llegar a San Faustino, departamento Norte de Santander, como acostumbraba a hacerlo.
Había prometido regresar al mediodía y la última comunicación la tuvo con su novia a las 9:00 de la mañana cuando iba a desayunar. Llegó la noche y al no tener comunicación con él, sus padres pensaron que se había quedado accidentado en la trocha.
Su mamá, Rosa Reyes, fue al día siguiente a preguntar por él en el estacionamiento donde guardaba siempre la moto, cerca de la cárcel modelo de Cúcuta, pero los dueños le informaron que Jhaylander había estado allí entre 1:30 y 2:00 de la tarde de Colombia, por lo que comenzaron a preguntar por él en toda la zona, sin encontrar respuesta.
Cerca de donde guardaba la motocicleta, en el sector San Gerardo, le permitieron a Rosa y a su esposo ver las cámaras, donde evidenciaron que su único hijo había ingresado a las 7:45 de la mañana, pero no había vuelto a pasar hasta las 9:00 de la noche, hora final de la grabación, por lo que están convencidos de que lo que sea que le haya ocurrido no fue en la trocha, sino en Cúcuta.
Para Rosa también fue un problema lograr la atención de las autoridades. A los ocho días de la desaparición de su hijo fue a la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijin) en Cúcuta. Allí le dieron un papel y le dijeron que no fuera más, que si algo pasaba con su hijo le informarían.
Tiempo después, por mediación de la Fundación Progresar logró formalizar la denuncia en la Fiscalía colombiana, donde le confirmaron que desde la Sijin nunca pasaron el caso.
Al publicar afiches en Cúcuta y las imágenes de su hijo a través de las redes sociales y por medio del grupo Esperanzas de Madre, recibió llamadas con información que terminó siendo falsa. Asegura que en medio del viacrucis hay quienes se quieren aprovechar del dolor de los familiares de los desaparecidos.
Jhaylander es moreno, de cejas pobladas, contextura media y tiene un tatuaje de una catrina en el brazo izquierdo, que ocupa desde la mano hasta el codo. Su mamá no deja de describirlo, para que su imagen quede clara en la mente de quien pueda ubicarlo, pues asegura que hasta que no exista una información certera, pensará que está vivo y usará hasta su último aliento por volver a verlo.
Vendiendo el bono solidario
Gerson Alexander Useche Tarazona, de 36 años de edad, es el mayor de nueve hermanos. Es moreno, de cabello negro, es de contextura gruesa, mide 1.80 metros de estatura y tiene tatuajes en el hombro derecho, clavícula derecha e izquierda, los dos antebrazos y en las muñecas. El 1 de marzo de 2023 se trasladó en un vehículo Aveo, color gris plata, placas AA044RE, con sus compañeros Emerson Azael Ramírez Torres, de 23 años de edad, y Víctor José Uzcátegui Vivas, de 32 años de edad, desde el estado Táchira, hacia la localidad de La Victoria, estado Apure, para vender el Bono Solidario de la Asociación Andina de Ayuda al Niño con Cáncer (Anican).
Víctor Uzcátegui tiene una estatura de 1.74 metros y pesa 110 kilogramos. Es blanco y su color de cabello castaño; mientras que Emerson Ramírez mide 1.74 metros y pesa 70 kilogramos, también es blanco y de cabello color castaño. Los tres vestían camisa amarilla identificada con el logotipo de la fundación, jeans, botas deportivas, carnet y gorra.
Entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana de aquel día Gerson se comunicó con una de sus hermanas, para que le hiciera el favor de transferirle un dinero, pues él iba a estar sin cobertura en la población de La Victoria. Víctor Uzcátegui también se comunicó con su esposa en horas de la mañana y le dijo que iban saliendo del hotel en donde se iban a hospedar en El Nula, una vez regresaran de La Victoria.
Lisbeth Useche, hermana de Gerson Alexander, recuerda que le estuvo escribiendo para saber cómo estaba, si tenía señal, si había llegado, pero no obtuvo respuesta. La última conexión en WhatsApp fue a las 10:30 de la mañana.
“Él no me respondió las llamadas, yo le dejé mensajes de texto normales, mensajes de texto convencionales, tampoco los respondió, el teléfono repicaba, pero nadie lo atendía. Por supuesto nosotros no teníamos idea de que mi hermano podía estar desaparecido, porque por el tema del trabajo pues nosotros habíamos pasado días sin contacto con él”, relata.
Dos días después llega el jefe de su hermano a su casa a notificarles que los tres hombres no se habían comunicado con la fundación y no habían hecho reporte de ventas desde el día miércoles. “El señor vino el día viernes para acá para la casa y nos notificó para que hiciéramos lo que debíamos como familia”, recuerda Lisbeth.
Las tres familias se pusieron en contacto y se fueron ese fin de semana a buscarlos en El Nula, estado Apure. Allí estuvieron cuatro días, pero la respuesta que obtenían de los habitantes era sobre la visita que habían hecho 15 días atrás. La conclusión a la que llegaban los vecinos de la comunidad era que se los había llevado la guerrilla, porque probablemente ingresaron a trabajar sin permiso.
Una tía de Gerson Useche y la esposa de Víctor Uzcátegui se trasladaron hacia la población de La Victoria. Allí lograron tener contacto con un grupo irregular, quienes solicitaron información de los tres hombres y quedaron en llamar si conseguían respuesta, pero no ocurrió.
Las recomendaciones que recibían las familias era que no introdujeran denuncias sobre la desaparición, que dejaran todo tranquilo para que los soltaran, pero a los dos meses, desesperados, decidieron acudir a las autoridades venezolanas.
“Yo acompañé personalmente a mi mamá a colocar las denuncias aquí en el estado Táchira y puedo decir sinceramente que fue muy difícil que nos recibieran las denuncias. Estuvimos en la policía, estuvimos en el Conas, estuvimos en la Guardia Nacional, puedo decir que nos sentimos peloteados de un lado a otro”, cuenta la hermana de Gerson.
En el Cicpc le explicaron que al haber ocurrido el hecho en el estado Apure, le correspondía a la región Los Llanos. Que ellos podían hacerla, pero demoraba al pasar de una oficina a otra, por lo que la familia decidió no formalizar en Táchira y hacerlo directamente en Apure. La madre de Gerson intentó hacer lo mismo en la Fiscalía Bogotá, pero no le recibieron la denuncia.
Desde aquel entonces han realizado pancartazos en Fiscalía de Cúcuta, pusieron la denuncia en el CICR de la Cruz Roja, en la Fundación Progresar y conocieron que el caso ya está en la Fiscalía venezolana, aunque no han podido acceder al expediente.
“En Colombia avanza quizás un poco más porque ya pasamos a hacer una denuncia en Medicina Legal, ya me tomaron muestras de ADN, no solo a mí, sino a todos mis familiares, a mi hermano el que me sigue, a mi padre y a mis sobrinos, porque mi hermano tiene cuatro hijos. En Venezuela ya tengo el número de expediente, ya tengo el número de Fiscalía que lleva el caso, pero la denuncia aquí en Venezuela está hecha desde el mes de septiembre y no he recibido ninguna llamada de nadie”.
Las llamadas que ha recibido la familia es para extorsionarlos, un denominador común en estos casos en los que la delincuencia se aprovecha de las crisis familiares y la desesperación, para sacar dinero.
En Ríohacha
Yorman Josué Rondón Hernández tiene 20 años de edad. Es de contextura delgada, de piel morena, mide 1.80 metros de estatura, su cabello es negro y rizado y sus cejas gruesas. Es oriundo de los Valles del Tuy, estado Miranda, pero desde hace seis años residía en la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de Santander, en donde trabajaba la construcción, descargaba bloques de cemento y limpiaba lotes de tierra.
Yorman se trasladó en el mes de marzo de 2022 a Ríohacha, departamento de La Guajira, Colombia, limítrofe con el estado Zulia, Venezuela, en donde por ser zona turística pensó que sería más fácil conseguir un trabajo mejor remunerado para cubrir sus gastos y ayudar a sus padres, pero desde el 27 de marzo de ese mismo año sus familiares no saben nada de él.
Su hermana, Claudimar Rondón, relata que en Ríohacha comenzó a vender mango en la playa, y posteriormente les comentó que trabajaría la construcción, pero no precisó con quién. Diariamente el joven hablaba con su familia, hasta tres veces al día, hasta ese 27 de marzo.
“Perdimos toda comunicación con él, su última conexión de WhatsApp fue a las 6:30 de la tarde, y hasta el día de hoy no sabemos nada”, destaca Claudimar, quien precisa que el caso de su desaparición está denunciado en la Fiscalía de Ríohacha, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Medicina Legal y con la Fundación Progresar.
Yomar Josué tiene un tatuaje del nombre “Claudia” en su antebrazo derecho, el nombre “Germán” en el antebrazo izquierdo, así como un pitufo, la cara de Cristo, un hada en la parte atrás del antebrazo y otro tatuaje mal cicatrizado en el brazo izquierdo. Perforaciones en ambas orejas y una cicatriz blanca en la espalda, descripción con la que sus familiares esperan que alguna persona les dé una señal de vida.
Negligencia de Estado
Para los familiares de Enisael, Williams, Jhaylander, Gerson, Emerson, Víctor y Yorman, consultados para este trabajo periodístico, en la búsqueda de los desaparecidos de la frontera colombo-venezolana existe una negligencia de Estado, tanto de Colombia, como de Venezuela, pues dejan a estos ciudadanos a la mano de Dios, como si fueran hijos de nadie.
“Nadie se pronuncia, siendo que esto es algo que está todavía inclusive hasta callado, porque también muchas familias tienen temor a denunciar, muchas familias tienen temor a alzar la voz por su familiar, porque en un momento los han amenazado o viven en zonas críticas, entonces prefieren mantenerse como en bajo perfil para no hacer mucho alboroto, para que su vida no corra riesgos, ni la de su familia. Y aunque hagamos lo posible a las autoridades parece no importarles”, manifiesta Lisbeth Zurita, coordinadora del grupo Esperanza de Madre y mamá de uno de los desaparecidos.
Para Lisbeth Useche, hermana del desaparecido, debería existir un trabajo conjunto entre ambas naciones, para no obligar a los familiares a denunciar de lado y lado, pues la mayoría no tiene recursos para movilizarse a Caracas, mucho menos a Colombia. “Debe haber un trabajo conjunto de ambos gobiernos para solucionar la situación que estamos presentando cientos de familias venezolanas con la situación de los desaparecidos, algo deben estar haciendo con los muchachos. ¿Dónde están?, ¿Dónde están los desaparecidos?”, se pregunta.
Clara Ramírez, directora encargada de Fundaredes, explica que en Venezuela no existen protocolos para la atención de este tipo de casos, por lo que desde esta ONG trabajan en alianza con organizaciones del Norte de Santander, por tratarse de desapariciones en municipios de frontera.
Así lograron encontrar a una adolescente de quince años proveniente de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, cerca de Tibú, Colombia, a quien habían contactado bajo engaño por Facebook. La Policía colombiana se activó junto a los familiares de la menor y dieron con su ubicación.
“Como en Colombia medianamente se cumplen los protocolos, estas organizaciones realizan acompañamiento a los familiares, van a Medicina Legal, van a la policía, los acompañan a los hospitales para verificar si sus familiares se encuentran dentro de estos, dentro de estos grupos de personas que están, anuncios que están ahí, y también estamos haciendo incidencias sobre el tema de las desapariciones porque en un futuro cuando nosotros vivamos un proceso de justicia transicional, queremos justicia para todas estas víctimas”, indica.
Funcionarios vinculados con mafias
Para la directora de Fundaredes, lo más grave es que familiares de desaparecidos en las costas venezolanas han descubierto que funcionarios del Cicpc han estado vinculados con las mafias que transportan ilegalmente a los ciudadanos, o son los que autorizan a las embarcaciones ilegales a que transporten a las islas.
“Evidentemente no les importa o no les interesa que la gente denuncie o ellos documentar estas desapariciones. El Estado venezolano nunca ha entregado una cifra oficial sobre personas desaparecidas en el país. Así que sigue habiendo opacidad con respecto a la cifra de personas desaparecidas en Venezuela”, advierte.
Para Ramírez, en Venezuela no se acepta desde el Ejecutivo nacional que hay personas desaparecidas porque sería reconocer su incompetencia sobre un asunto de seguridad nacional. “También porque sabemos que hay bandas criminales que cuentan con el apoyo del Estado venezolano. Hay grupos armados irregulares que cuentan con el apoyo del Estado venezolano y que son los principales actores que coordinan”, resalta.
Mientras tanto, familiares de los más de mil desaparecidos contabilizados por Fundaredes y de otros, que probablemente no han denunciado, siguen pidiéndole a Dios que los ayude a encontrar a sus hijos, hermanos o parientes. Hacen campañas que tienen poca difusión y de las que se hace poco eco, en un país en donde la falta de electricidad, agua, internet y servicios públicos, mantiene a sus ciudadanos ocupados enfrentando el día a día.
