La Sala de Casación Penal se lava las manos al desechar la apelación que introdujo la defensa de David Natera Febres contra la sentencia de cuatro años de cárcel que se le impuso por informar sobre uno de los casos de corrupción en Ferrominera Orinoco.

El caso de Ferrominera Orinoco, cuya sentencia al expresidente se conoció el pasado viernes, es emblema de cómo el Gobierno ha manejado las investigaciones en el país: superficiales y opacas.

En 2015 el expresidente de FMO, Radwan Sabbagh, se declaró inocente en espera de negociar sus años de prisión. Este viernes el Ministerio Público oficializó que admitió los delitos, con lo cual solo uno de los imputados por el tráfico de mineral de hierro quedaría en juicio.

La Corte de Apelaciones regional reiteró la condena a cuatro años de cárcel contra el director del periódico, David Natera Febres, por la publicación de un caso de corrupción en Ferrominera Orinoco.

La Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar ratificó la condena a cuatro años de cárcel contra el director del periódico, David Natera Febres, emitida en marzo por el Tribunal Penal Sexto de Juicio de Puerto Ordaz. La decisión de la corte añade la sujeción a vigilancia del condenado durante una quinta parte de la sentencia por divulgar. Correo del Caroní informó en 2013 los pormenores de las investigaciones sobre irregularidades en el tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco, afectando intereses políticos y económicos de la región.

A pesar de las investigaciones e imputación del Ministerio Público sobre el comercio ilegal en la estatal, uno de los implicados, Yamal Mustafá, dueño del periódico Primicia, demandó al presidente director de Correo del Caroní, David Natera.

El Ministerio Público ha paralizado en tres oportunidades las medidas sustitutivas de libertad de tres presuntos implicados en casos de corrupción como el de las cabillas y Ferrominera. Pese a lo minucioso de la investigación, la Corte de Apelaciones siempre ha desestimado la actuación de la Fiscalía.

Instituciones de gobierno, organizaciones internacionales, estudiantes, defensores de derechos humanos y gobiernos extranjeros repudiaron la sentencia que, más que condenar a un medio de comunicación, atentan contra la expresión libre y la transparencia que supone la democracia.

Miércoles, 16 Marzo 2016 00:00

¿Para qué matan al mensajero?

¿Qué busca el Gobierno nacional y sus tribunales al proceder contra el periodismo investigativo y castiga a quienes denuncian omisión o abusos de autoridad?

Esta condena, que puede llevar a prisión al director del periódico, marca un retroceso para la libertad de expresión en el país. IPYS Venezuela rechaza que el gobierno utilice el sistema judicial para silenciar a los medios de información venezolanos.

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