jueves, 28 marzo 2024
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IPYS Venezuela alerta que acciones para favorecer el mutismo recrudecen en 2020

La directora del Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela reporta más de 60 casos de violaciones a derechos informativos entre enero y febrero, lo cual refuerza una política de retrocesos en materia de libertad de expresión.

De registrar 534 casos de violaciones a la libertad de expresión durante 2019, la mayoría en los primeros seis meses del año, en 2020 se mantiene la escalada represiva en contra del ejercicio periodístico y la vulneración del derecho que tienen los ciudadanos a estar informados.

Tan solo en los dos primeros meses de este año, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela contabiliza 66 casos de violaciones a los derechos informativos de los trabajadores de la prensa y los ciudadanos.

Marianella Balbi, directora ejecutiva de IPYS Venezuela, detalló -en un encuentro con periodistas realizado en la UCAB Guayana- que entre enero y febrero de 2020 registraron 53 casos de trabajadores de la prensa a los que les vulneraron sus derechos, de los cuales 42 están vinculados con agresiones físicas.

Este tema preocupa a la ONG en vista de al menos dos eventos en lo que va de año, en los que se evidencia el recrudecimiento de las agresiones físicas hacia la prensa. “Esto indica que hay un patrón de comportamiento del Estado de mucha agresividad, que había bajado, antes eran ataques, bloqueos por internet, y hostigamiento judicial”, recordó Balbi.

El número de limitaciones que se dieron en 2019 fueron en el contexto de conflictos sociopolíticos, la mayoría en los primeros seis meses del año, lo que coincidió con las protestas políticas, apagones y crisis en materia de violaciones de derechos humanos.

Lo más revelador

Balbi señaló que lo más revelador del último informe de IPYS Voces en el paredón fueron las violaciones por uso abusivo del poder estadal, que involucran la actuación directa de los cuerpos de seguridad del Estado en detenciones arbitrarias, regulación de contenido en radio y televisión, hasta deportaciones a periodistas.

Al Poder Ejecutivo y sus fuerzas de seguridad como principal victimario, le sigue Conatel, órgano censor, con un total de 36 incidencias. Entre ellas la prohibición de transmisión a seis televisoras extranjeras, nueve programas de opinión en radio y televisión, y suspendió la señal de nueve emisoras radiales.

     
Entre enero y febrero de 2020 se han registrado al menos 42 casos de agresiones físicas en contra de trabajadores a la prensa | Foto Tal Cual

Al menos 76 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria, de los cuales 48 son venezolanos y 28 corresponsales extranjeros. En 2017, en cambio, se registraron 54 casos de trabajadores de la prensa apresados arbitrariamente.

En total fueron 338 casos de violaciones a la libertad de expresión por parte de las autoridades gubernamentales, 155 más que las contabilizadas en 2018.

“El comportamiento de las autoridades sólo favorece a la política de mutismo que ha predominado en el país desde 2013, y que se agudizó en 2019, convirtiéndose en el período con más limitaciones a la prensa”, recordó Balbi.

Destacó que este retroceso en las condiciones para el ejercicio del periodismo significa un atentado a los ciudadanos, en su derecho de saber y tomar decisiones informadas sobre temas de interés público, especialmente en contexto de conflictividad.

Los ataques a medios digitales fueron de al menos 262 casos en 2019, seguido de 97 ataques a radioemisoras, 81 televisoras y 59 medios impresos. Esto revela que las agresiones hacia las plataformas digitales obedecen que son la principal vía de comunicación e información que están usando los ciudadanos.

IPYS Venezuela

IPYS Venezuela se fundó el 6 de mayo de 2002, en un contexto de conflictividad sociopolítica en el país. La ONG nació de la iniciativa de periodistas venezolanos, inspirados en la labor del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, con el fin de atender y documentar las situaciones de intimidación, amenaza y violencia que afectan el ejercicio periodístico.

Actualmente cuentan con corresponsales en casi todos los estados del país, quienes ayudan a documentar cada uno de los casos de agresiones a trabajadores de la prensa y diferentes medios de comunicación en Venezuela.