Viernes, 18 Marzo 2016 00:00

La investigación periodística detrás de la sentencia contra Correo del Caroní

 
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Las pérdidas en FMO sumaron unas 1.113 millones de dólares para Ferrominera, dólares que hubiesen dado para llenar 1321 maletas como Guido Antonini Wilson Las pérdidas en FMO sumaron unas 1.113 millones de dólares para Ferrominera, dólares que hubiesen dado para llenar 1321 maletas como Guido Antonini Wilson Foto William Urdaneta

El Ministerio Público ha paralizado en tres oportunidades las medidas sustitutivas de libertad de tres presuntos implicados en casos de corrupción como el de las cabillas y Ferrominera. Pese a lo minucioso de la investigación, la Corte de Apelaciones siempre ha desestimado la actuación de la Fiscalía.

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1FMO

10 de mayo 2013. Gerentes, empresarios, clientes y personal de seguridad es llamado a declarar en calidad de testigos y sospechosos del tráfico por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

2FMO

La comercialización de mineral de hierro a través de empresas intermediarias (traders) viola el decreto ley de nacionalización del hierro  Nº 580 del 26 de noviembre de 1974 suscrito por el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez.

3FMO

Estatal vendían mineral por debajo del precio del mercado, aseguró el entonces ministro de Industrias, Ricardo Menéndez. Carlos Osorio, en funciones como presidente de CVG, repudió las mafias.

4FMO

13 de junio de 2013. El presidente Nicolás Maduro anuncia la detención del expresidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh. Dos meses antes, ningún medio de comunicación dio detalles de la investigación.

5FMO

El informe análisis técnico del Departamento de Análisis Financiera de la Guardia Nacional determinó que Yamal Mustafá transfirió 3.9 millones de dólares a través de sus cuentas por la supuesta extorsión de la que era objeto.

 
     

En mayo de 2013, la Dirección General de Contrainteligencia Militar retomó las investigaciones por el tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco (FMO), averiguaciones cuya referencia más inmediata fueron publicadas en noviembre de 2012 en medio de un cerco de censura en los medios regionales.

Lo que era un secreto a voces en los pasillos de la estatal, lo confirmó el presidente Nicolás Maduro el 12 de junio de 2013 cuando, en plena cadena nacional, anunció la detención del entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh.

Un mes antes, gerentes, empresarios y directivos de la estatal fueron citados uno a uno a declarar en entrevistas, donde las irregularidades en la comercialización del hierro en Ferrominera comenzaron a aflorar.

Red de extorsión

Un mes más tarde, en julio de 2013, el expediente Nº 47 16.156-13 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es filtrado por el entonces diputado por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, y compartido en exclusiva a Correo del Caroní.

Los datos y declaraciones contenidos en la copia de entrevistas calzaron con lo que, dos meses antes, formaban parte de la primera investigación periodística en la que se ubicó la propiedad y registro de cada una de las empresas a las que la Policía Militar hacía seguimiento y que los propios entrevistados, como el empresario Yamal Mustafá, reconocieron.

Los documentos revelaron la existencia de una red de extorsión tejida a partir de las primeras pesquisas por la comercialización irregular de cabillas y briquetas iniciada en 2011. Un dato hasta entonces desconocido.

Las entrevistas apuntaron a empresas intermediarias (traders) sin ninguna experiencia en el ramo ferrosiderúrgico, presididas por jóvenes con empresas cuya razón social iban desde decoración de interiores hasta la importación y exportación de mineral de hierro. Una de ellas, la del sobrino de Yamal Mustafá, Manuel Mustafá. Muszam Investment y Consorcio Ferromineral LLC, todas ellas registradas en Florida, se colaron en la cartera de clientes de la compañía sin ningún tipo de fiscalización.

Las conclusiones del informe análisis técnico del Departamento de Análisis Financiero de la Guardia Nacional determinó que Mustafá transfirió 3.9 millones de dólares producto “de la presunta extorsión de la cual estaba siendo objeto el ciudadano Radwan Sabbagh, a la cuenta Representaciones Doralito Citibank Na. New York”, señala el documento.

Detenciones

A Sabbagh se le imputó por los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir por el desvío de una partida presupuestaria de 250 millones de bolívares, sin ir al fondo del caso.

Junto a él, otros tres gerentes y Mustafá, director del diario Primicia y contratista de la Gobernación, por ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión de Sabbagh.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó la imputación del coronel de la Dgcim, Juan Carlos Álvarez Dionisi, conocido como Tiburón, el joven Carlos Vieira, propietario de Viherca (cliente de Ferrominera); Carlos Martínez, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, así como dos tenientes de la GNB.

Apenas el pasado 23 de abril de 2015 se celebró la primera audiencia preliminar del juicio. Las ex gerentes María Acosta y María Rodríguez se declararon culpables para reducir la pena y el 30 de abril el Tribunal 9º de Control del Área Metropolitana de Caracas las condenó a cinco años de prisión.

El ex gerente técnico de Operaciones, Ángel Ramón Campero Franco, también admitió responsabilidad. Sabbagh y el consultor jurídico, Noel Ramírez, eligieron otro camino y se declararon inocentes.

No es el caso del empresario Yamal Mustafá, a quien el tribunal de control le dio una medida de sobreseimiento luego de no encontrar elementos para mantenerlo preso la misma noche del 30 de abril, cuando todos fueron presentados en el Tribunal 9° de Control. La decisión, sin embargo, no se tradujo en su libertad, pues los fiscales apelaron y minutos después exigieron una suspensión de la medida. Apenas en diciembre, y no oficializada porque el Ministerio Público no informó de la decisión, Mustafá obtuvo libertad.

En frío

El último de los involucrados ha sido Jhonny Marín Sanguino, ex gerente de seguridad patrimonial de Ferrominera, quien en enero de 2016 recibió una medida cautelar y que en declaraciones a la Dgcim dijo haber movilizado maletas de dinero por orden de El Tiburón.

     
  17 millones de toneladas produjo Ferrominera Orinoco en el 2012 según memoria y cuenta 2012 del Ministerio de Industrias, casi el 60 por ciento de la producción se envió al mercado internacional a través de traders.  
     

Tal como pasó con el empresario Mustafá, el Ministerio Público ha solicitado una suspensión de medida hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie.

Marín Sanguino pertenece al juicio por extorsión que se desarrolla en paralelo al de corrupción en la procesadora de mineral de hierro y fue aprehendido el pasado 25 de enero cuando funcionarios del Dgcim lo detuvieron en Lechería, estado Anzoátegui, informó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

El Ministerio Público ha solicitado en tres oportunidades suspensión de medidas sustitutivas de libertad, a saber: Luis Velásquez (caso cabillas), Yamal Mustafá y a Jhonny Marín Sanguino. En los dos primeros casos, la Corte de Apelaciones falló a favor de la libertad, desconociendo las minuciosas investigaciones. El abogado que representó a Velásquez también forma parte de la defensa de Mustafá.

Al menos unos seis involucrados tienen orden de captura, entre ellos el sobrino de Yamal Mustafá, a quien le allanaron y confiscaron su residencia mientras concluían las investigaciones.

Las pérdidas estimadas entre 2011 y 2012 sumaron unas 1.113 millones de dólares para Ferrominera, dólares que, según los cálculos del periodista Joseph Poliszuk, hubiesen dado para llenar 1.321 maletas como Guido Antonini Wilson, el empresario venezolano célebre por su llegada a Argentina con una valija de 790.550 dólares, o el equivalente a las inversiones requeridas para, cuando menos, apalancar la producción en CVG Bauxilum.

La conducta de la Corte de Apelaciones parece obedecer a un patrón, en el que ambos imputados por corrupción -Velásquez y Mustafá- reciben el salvoconducto a la libertad por parte de esta instancia judicial, haciendo a un lado la profundidad de las investigaciones de la Fiscalía. La historia de ambos sigue la misma secuencia. ¿Correrá la misma suerte Marín Sanguino?

     
 

        La cadena del hierro
barra OTRAintertitulo

5 de mayo. La DIM cita a los gerentes de comercialización y ventas, finanzas, clientes y al presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, a Caracas.

8 de mayo. Detienen al coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi y lo detienen en el piso 2 de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

15 de mayo. El ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, anuncia la centralización de la comercialización de las empresas básicas para sanear la administración.

12 de junio. Maduro anuncia la detención del ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, lo califica de bandido y de haber desangrado a la empresa.

17 de junio. Yamal Mustafá admite haber asistido a la sede del órgano de Inteligencia Militar en Caracas como entrevistado, junto a otros 20 gerentes de Ferrominera Orinoco.

27 de junio. Imputan al coronel de la DIM y a Carlos Vieira por los delitos de legitimación de capitales, extorsión y asociación para delinquir.

11 de julio. Correo del Caroní presenta el testimonio del ex presidente de Radwan Sabbagh ante la DIM. Declara haber sido extorsionado por el coronel bajo la amenaza de generar un escándalo similar al caso de las cabillas en Sidor.

14 de julio. La versión de los extorsionados por El Tiburón. Clientes, empresarios y cercanos del coronel aseguran haber aceptado pagar y ceder parte de sus beneficios al coronel por el terror psicológico.

 
     
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