Morelia Morillo tiene casi 20 años viviendo en el municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil. El 22 de febrero de 2019 su vida, y la de su comunidad, cambió: la masacre de Kumarakapay fue la puerta de entrada para la militarización y la intimidación de esta tierra paradisíaca.

Mi madre dice que vivo en “el fin del mundo”.

El 3 de febrero de 2020 cumplí un año sin ir al río. Es primera vez que paso tanto tiempo desde que vivo en la Gran Sabana, hace ya casi 20 años entre ir y venir. ¿La razón? Desde que pasó lo que pasó, la gasolina llega una vez por mes, 10, 15 litros por vehículo y el nuestro -un Toyota año 83- tiene un tanque de 90. Nos movemos a pie, en cola o en uno de los pocos autobuses o taxis, pagando de 50 centavos a $2,5.

La Gran Sabana es también el último de los municipios hacia Brasil, en el sureste profundo de Venezuela. Acá no han llegado los malls, ni el cine surround… pero hay tantos ríos; los no indígenas, como nosotros, se establecieron hace menos de un siglo.

Como quienes experimentan un sismo de gran magnitud, los habitantes de Santa Elena vivimos bajo el temor a las réplicas”. Morelia Morillo, periodista y residente de Santa Elena de Uairén

     

El domingo 19 de febrero de 2019 celebramos el cumpleaños en Agua Fría, a 42 kilómetros de Santa Elena de Uairén, una planicie alta perforada por manantiales, desde donde saltan -al menos cuatro- cauces de agua hacia los morichales tupidos que dan nombre al mirador de Jurassic Park. Agua Fría está a medio camino entre Kumarakapay y Santa Elena, las dos localidades de la Gran Sabana en donde 19 y 20 días después pasó lo que pasó y entonces, entre muchas otras cosas, dejó de llegar gasolina y dejamos de ir al río.

Kumarakapay es el gavilán tijereta, el de la cola bifurcada y es también una comunidad indígena. La mayoría vive en casas rurales, construidas por el gobierno 30 o 40 años atrás, en sustitución de las tradicionales viviendas de palma y bahareque. Hasta que explotó la crisis, sus habitantes vivían del turismo. La comunidad colinda con el río Yuruaní -el de la cortina, el del puente de metal sobre la Troncal 10- y es puerta de acceso a Roraima, el más conocido de los tepuyes en el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima.

Santa Elena es la capital del municipio Gran Sabana, una precaria urbe de cerca de 40 mil habitantes, entre indígenas y no indígenas, a 15 kilómetros de los hitos. Sus principales fuentes de ingresos fueron el comercio, el transporte, el turismo; luego la reventa de gasolina a los brasileños y a los mineros; luego la minería; luego pasó lo que pasó. “Santa Elena es una ciudad fantasma”, “está muriendo poco a poco”, expresan quienes aún se niegan a partir.

La expresión en itálicas es una voz cifrada, surgida del convenio tácito y colectivo, que sugiere lo que vino tras la incursión militar en Kumarakapay: las protestas ciudadanas; la respuesta de los colectivos; los cuerpos policiales y castrenses y el saldo mortal de lo ocurrido entre el 22 y 23 de febrero de 2019 en Santa Elena. Revisemos la agenda y la memoria, que el alud de mensajes, fotografías, videos y sonidos fue oportunamente removido.

Día a día

Al amanecer del sábado 23, registré:

La ciudad amanece entre humo, chamizas y gases lacrimógenos rezagados reavivados por el viento. A plena luz, aparecen las pruebas de la batalla de la noche anterior. Pero aquí, nadie, ni siquiera aquellos que participaron o atestiguaron lo sucedido dan crédito a los despojos de aquella ensoñación macabra. Son las nueve a diez cuando salen de sus casas, como lo harían un sábado cualquiera, se topan con los restos del mal sueño que se negaban a creer y se dan cuenta de que jamás durmieron, de que la guerra violentó su lugar.

Desde anoche, y aún más al amanecer, una serie de sonidos advierte a través de WhatsApp que el Gobierno apaciguará las protestas trasladando hasta la frontera medio centenar de autobuses cargados de colectivos, sus aliados incondicionales; otros dicen que los pasajeros saldrán de las cárceles (¿Infiernos?) de Vista Hermosa y El Dorado.

Al atardecer de ese sábado transcribí:

Se alternan videos de docenas de autobuses pasando de ventanas cerradas por la sabana y sonidos en los que se menciona la altura a la que se desplazan. Dicen que la caravana está compuesta por 30, 50 autobuses, lujosos 4x4 y camiones con pollos y colchonetas: “Vienen por el 88”; “Vienen subiendo Sierra de Lema”; “Vienen por la sabana”; “están en Santa Elena, son puros malandros, se ríen de la gente de aquí y hablan caraqueño rajao”.

En otro mensaje la voz de una mujer que se presenta como Candy, nombre que corresponde a una de las líderes de la Seguridad Indígena, alerta que el alcalde Emilio González, de origen pemón, es perseguido y huye por los caminos verdes hacia Brasil.

Terror. Los manifestantes regresan de prisa a sus casas. Todo es silencio.

El domingo 24 anoté:

Pasado mediodía, el alcalde denuncia las amenazas de las cuales él y su gente son víctimas y, en la tarde, en la Aduana Ecológica de Santa Elena de Uairén se inicia una fiesta por la paz convocada por el Gobierno. Sólo asisten sus incondicionales. “Eran los invitados a la fiesta”.

Uno de los asistentes a la celebración identificó así a los tripulantes de la caravana del día anterior. Por lo demás, nadie transitó libremente desde ese domingo hacia la frontera. El paso quedó obstruido antes del Escuadrón de Caballería Motorizada (5102 Escamoto).

El lunes 25 registré:

Desde Pacaraima, Brasil, el alcalde Emilio González lanza un decreto de luto y nombra como su suplente, durante 15 días, a José Moreno, jefe de Servicios Públicos.

 
“El 22 de febrero nos alcanza con el revoltillo emocional propio de las conmemoraciones a las que se prefiere olvidar”, apunta Morelia Morillo, sobre la masacre que antecedió la entrada de la ayuda humanitaria en el municipio Gran Sabana | Foto Bruno Kelly | Reuters
 


El martes 26 documenté lo que sigue:

Son las 11:00 am. Inician viaje de regreso 10 de los autobuses que llegaron el sábado. De lejos, resulta imposible ver si llevan pasajeros. Al menos otros cinco, entre ellos uno amarillo con señas de transporte escolar, permanecen aquí.

Los mensajes de WhatsApp y los rumores daban parte de las detenciones, los interrogatorios, los allanamientos; de las supuestas listas de solicitados y de comerciantes a quienes, a cambio de obviar su vinculación con los hechos del fin de semana, se les habrían solicitado 10 mil reales brasileños ($2.500).

Quienes pueden, cruzan la frontera para evitar ser detenidos. Cruzan, a través de la selva o de la sabana, burlando el bloqueo; alrededor de 1.300 indígenas pemón, especialmente mujeres y niños, se refugiaron en las comunidades brasileñas. Mientras que los hombres resguardan casas y comunidades. Detienen e interrogan a quienes viven o trabajan en los sitios desde donde fueron captados los videos. Recomiendan borrar videos, fotos, sonidos.

Según el Foro Penal Venezolano fueron 7 los fallecidos, 4 de ellos pemón; 57 heridos, 22 de ellos indígenas y se registraron 62 arrestos arbitrarios, 23 contra indígenas pemón.

El 27F anoté:

En el Hospital General de Roraima (Boa Vista) fallece, por balazos en pecho y abdomen, Klever Pérez, habitante de Kumarakapay, de 24 años; un contingente de la GNB toma las instalaciones del aeropuerto internacional y detiene a cuatro miembros de la Guardia Territorial Pemón, uno de ellos, evidentemente criollo, es liberado; los demás, Nicodemo Martínez, Boris Willians y Jorge Gómez, este último hijo del coordinador del Consejo de Caciques Generales, Jorge Gómez, son trasladados al Escamoto y al Destacamento de la Guardia Nacional, en donde habrían sido torturados.

El 2 de marzo escribí:

En el General de Roraima muere Rolando García, de 51 años, esposo de Zoraida Rodríguez, fallecida al amanecer del 22F en Kumarakapay.

El despojo

Los días 2 y 3 de marzo, la sede de la Alcaldía Gran Sabana fue hurtada. Se llevaron computadoras y dejaron un reguero de carpetas. Entre el 8 de marzo a las ocho de la noche y el 11 de marzo en horas de la tarde la ciudad permaneció sin electricidad; sin embargo, escribí: El silencio y la oscuridad nocturnos son interrumpidos por luces de patrullas y sirenas.

El Hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena, el único del municipio Gran Sabana, continuó custodiado hasta que salió y fue interrogado el último de los heridos. Su fachada fue remozada al igual que la de la Alcaldía.

Como refugiado, el alcalde depuesto, Emilio González, permanece en Brasil; el cargo fue asumido, a partir del 12 de marzo y hasta que se realicen elecciones, por el presidente del Concejo Municipal, José Gago Barreto, líder local de la organización Tupamaro; a la vez, Nancy Ascencio, exasambleísta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue nombrada por el gobernador, Justo Noguera, protectora del municipio.

El equipo de la protectora culminó el acabado de la imagen de Santa Elena localizada en la entrada de la ciudad, postergado durante casi una década y a cuyo retraso atribuían, algunos místicos, todo lo malo que ocurrió en la localidad durante los años anteriores recientes.

Durante los 75 días del cierre fronterizo el tránsito fluyó y se incrementó a través de las trochas recién abiertas. Se alterna el polvo, el barro, los deslizaderos y en el tramo de la Troncal 10, previo a los atajos, los puntos de control de la GNB y el Ejército. Los trocheros (con alimentos brasileños) y los taxistas (con migrantes venezolanos) coincidían entonces en que los uniformados cobraban un peaje fijo por dejarlos pasar.

En marzo comenzaron clases las escuelas primarias brasileñas y en abril el liceo. Por las fallas de las instituciones venezolanas, más de mil niños, niñas y adolescentes de Santa Elena estudian en Pacaraima. Padres y niños uniformados transitan las picas incluso a pie.

Días antes de que se levantara la barrera, comenzaron a pasar nuevamente los camiones brasileños cargados de alimentos, un tráfico que se inició meses antes del cierre fronterizo; hasta la fecha, la ciudad continúa convertida en un caótico patio de transporte pesado: los conductores estacionan y satisfacen todas sus necesidades en las calles de la ciudad.

La noche anterior al levantamiento del cierre fronterizo, huyó, por la trocha, el mayor José Gregorio Basante, comandante del 5102 Escamoto; hasta hoy se mantiene la suspensión del transporte escolar pagado por la Prefectura de Pacaraima, en beneficio de los estudiantes de Santa Elena. Las autoridades consideraron riesgoso ingresar a territorio venezolano. La mitad de los padres pagamos cerca de $50 mensuales por transporte escolar. Los demás desistieron.

 La huida

Comenzaron a salir sin fecha de retorno los habitantes antiguos de esta frontera que hasta hace poco fue segura, tranquila y relativamente próspera. Se fueron -tocados por los recuerdos y los disparos que perturban el silencio nocturno- la taxista, la profesora, los pensionados españoles, la guía de turismo, las artesanas y varios de comerciantes. La guerra violentó su lugar.

Como quienes experimentan un sismo de gran magnitud, los habitantes de Santa Elena vivimos bajo el temor a las réplicas: cada 22 o 23 compramos comida demás y sin mencionar por qué nos guardamos en casa. Al amanecer del 22 de noviembre, los sonidos de mujeres desesperadas y las fotos casi impregnadas de sangre vía WhatsApp dieron parte de lo sucedido en Ikabarú, la capital de la segunda parroquia del municipio, el principal centro poblado de la zona tradicionalmente minera y del Sector 7 del pueblo indígena pemón. El 22 de diciembre se produjo el ataque contra el Fuerte Mariano Montilla a la altura de Luepa; el 22 de enero pasó sin novedades, pero el 22 de febrero nos alcanza con el revoltillo emocional propio de las conmemoraciones a las que se prefiere olvidar.

A la Guardia Nacional y al Ejército Nacional Bolivarianos (GNB y ENB), cuerpos de tradición en esta frontera, se sumaron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim), el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipep) y la Policía del estado Bolívar (PEB). También salió a la calle, con armas largas y de civil, el personal de la Dirección de Seguridad de la Gobernación de Bolívar; casi un año después de que pasó lo que pasó, un día cualquiera de enero de 2020, en apenas 15 kilómetros entre la Aduana Ecológica y el centro de la ciudad, funcionaban seis puntos de control.

Sin embargo, un año después, los civiles salimos para lo elemental. Todavía hay demasiados desechos en las calles; la Alcaldía apenas comenzó a recoger la basura a finales de enero de 2020; demasiados puntos de control; demandando oro, oro, oro en las aceras y vendedores de café, cigarros y otras especies. No hay gasolina, ni podemos ir al río.


 
 

Editorial Roderick