El tope histórico de los precios del oro fortalece las economías criminales alrededor del Arco Minero del Orinoco, el salvavidas económico del régimen de Nicolás Maduro y del estamento militar en Venezuela.

La cotización del oro ha llegado a un máximo histórico este miércoles al superar la barrera de los 2 mil dólares por onza, un hecho no menor en un país como Venezuela cuya economía se ha volcado al oro como auxilio financiero en medio de la destrucción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del aparato productivo.

La pandemia y su consecuente impacto en las economías mundiales, aunado al debilitamiento del dólar y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, han presionado el alza. En lo que va de año el metal se ha revalorizado un 35% con respecto a 2019, y estiman muy probable que este sea el año de mayor crecimiento desde 1979. No pasa solo con el oro, también con los precios de la plata que han subido más del 30% hasta la fecha.

La presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, sostiene que con controles legales y medioambientales legítimos esto sería una gran noticia considerando que Venezuela es el país con las mayores reservas de oro en Latinoamérica con 161,2 toneladas, según las cifras del Consejo Mundial del Oro.

Pero lejos de eso, el récord histórico del metal supone para Venezuela no buenas noticias en términos políticos. “Lo que sucede en Venezuela es que la auditabilidad y la transparencia es completamente opaca, y allí comienzan los problemas: tanto por el circuito que representa el mineral en la mano de los mineros, y los efectos perversos que una explosión de ingresos genera en la zona, como los efectos perversos que este aumento de precios genera en los ingresos manejados por el poder”.

Para tener una referencia de lo que significa este precio, apuntó que para el 2000 el proyecto minero Las Cristinas (en el municipio Sifontes) se cerró, entre otras razones, porque la onza estaba en 250 dólares.

El impacto de estos precios se sentirá no solo en la política, en lo social, sino también en lo militar: “va a significar una inyección de recursos que permite reflotar el manejo del poder por parte de Maduro; en materia social temo que va a continuar el aluvión de desplazados, la densidad de trabajadores informales y esto va a tener un efecto aún más perverso en todo el espacio del estado Bolívar, y estados aledaños”, destaca la defensora de derechos humanos.

Los efectos también se sentirán en lo militar por lo que ya ha sido analizado e, incluso, denunciado por la Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas: los militares no solamente tienen presencia operativa como Fuerza Armada Nacional en el resguardo del territorio (el ministro de Minería Ecológica es un almirante activo y el gobernador un militar retirado), sino también por la participación de funcionarios en la economía ilegal que se genera a través de la explotación del oro.

Emblemático es, por ejemplo, el caso de Alex Saab y sus vinculaciones con el poder regional militar, así como el control de las procesadoras mineras a través de una Compañía Anónima Militar (Caminpeg), o las sanciones a socios de Nicolás Maduro Guerra por sus vinculaciones con la actividad minera. “Va a ser un mayor incentivo de intereses del sector militar con las actividades conexas”, analizó.

Para San Miguel esto es solo un abreboca de los cambios en las dimensiones políticas y económicas, una “transfiguración que va a tener la región. Ya no hay retroceso en la ruta que se ha desarrollado por la desinstitucionalización del Estado en estos territorios”.

El precio del oro, con su favorable alza, robustece el fenómeno de las economías criminales que propicio el Gobierno. “Es un monstruo de tal dimensión que ya adquirió una dinámica propia. Contenerlo, frenarlo, es algo parecido a lo que sucede en el Táchira”.

Para rato

Que el oro mantenga su precio en estos niveles es un escenario probable si se toma como punto de partida los últimos pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que los efectos de la pandemia se sientan en décadas al dejar abierta la posibilidad de nuevos rebrotes del virus.

En ese escenario “los inversores continúan evaluando las perspectivas de mayor estímulo económico para combatir las consecuencias de la pandemia, a medida que caen los rendimientos reales de EE UU”, apuntan los analistas de Monex Europe. Para los expertos el atractivo del oro como reserva de valor se fortalece, “ya que los mercados se enfrentan a la perspectiva de una prolongada recuperación global y a la degradación de las monedas fiduciarias tras la notable expansión monetaria y fiscal”.

“Las tensiones entre Estados Unidos y China, que habían quedado en segundo plano durante la cuarentena, han vuelto a cobrar protagonismo ante las amenazas de Washington a empresas tecnológicas chinas como Huawei o TikTok”, refiere la agencia DPA.  

La escalada de tensiones entre EE UU y China y los temores sobre el impacto económico de la pandemia “han proporcionado mucho combustible para la subida y no parece probable que ninguno de los dos factores se vaya a disipar a corto plazo”, indica Steven Dunn, responsable de ETF de Aberdeen Standard Investments.

“A medida que los inversores siguen enfrentando la volatilidad y la incertidumbre, el atractivo de los activos refugio seguros como el oro y la plata sólo aumentará”, afirma el experto.

Venezuela en la mira

Para el régimen de Nicolás Maduro el oro ha sido la tabla de salvación en medio de la destrucción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la caída histórica de la producción de petróleo, la baja de los precios del crudo y las recientes sanciones económicas impuestas al Gobierno por parte de Estados Unidos.

En medio de este escenario, el contrabando de oro y la comercialización con Turquía le ha permitido abrir un abanico de importaciones y oxigenarse, incluso, durante la pandemia por la COVID-19.

En julio, las academias nacionales en Venezuela exhortaron al Gobierno nacional a cumplir las recomendaciones del informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que aluden directamente a la violación de los derechos humanos en la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO) con el que Maduro ha promocionado la actividad extractivista.

Según el informe del equipo de Bachelet, el Arco Minero es territorio controlado por grupos irregulares que, en anuencia con funcionarios militares, han sido parte de las desapariciones, asesinatos y fortalecimiento de las redes de trata de personas que operan en la zona. La actividad minera ha tenido, además, un alto costo para los pueblos indígenas de la Amazonia venezolana que, no solo han sido desplazadas, sino que se han visto forzosamente partícipes de la minería para subsistir a la crisis humanitaria.

Las tensiones por el desconocimiento del régimen de Maduro, sin embargo, han empujado -a su vez- al Ejecutivo a operar en un mercado más limitado y, en general, de contrabando para eludir las sanciones internacionales y el desconocimiento que más de 50 países han hecho al reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

En julio, por ejemplo, el Gobierno británico reconoció a Guaidó como presidente interino y le negó a Maduro acceder a 1.100 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra. También Estados Unidos sancionó a dos socios de Nicolás Maduro Guerra, acusados de ser “figuras centrales en la industria del oro”.

El 1 de agosto colectivos que controlan las minas en el municipio Sifontes, al sur de Bolívar, informaron la reapertura de las minas solo a personas con resultado de prueba PCR negativa. Esto como una medida para retomar la economía del pueblo. El tránsito de maquinaria y equipos móviles que traslada material aurífero en El Callao no se ha detenido durante la pandemia, ni ha sido frenado por la grave escasez de combustible que ha impactado a casi todo el país.  (Con información de agencias DPA | BBC Mundo)

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