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Para el vicepresidente de la Sociedad Conservacionista de Guayana, Francisco Valdéz Mederico, lo que falta en la región para solventar los problemas ambientales es "voluntad".
Arando en el mar, se siente el vicepresidente de la Sociedad Conservacionista de Guayana, Francisco Valdéz Mederico, pues pese a la crítica situación ambiental que hay en la región y a las continuas denuncias que se han hecho sobre la contaminación que hay en la zona "no hay por parte de los entes responsables una acción verdaderamente coordinada". Advierte que uno de los factores que ha agudizado la situación es la dispersión de esfuerzos en los entes de gobierno, pues hacen muchos intentos, pero al final no se ven los resultados en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Valdéz empieza su análisis de la situación ambiental de Guayana dejando claro que hay graves pasivos que no están siendo atendidos. Recalcó que el relleno sanitario, la polución atmosférica, las lagunas de lodo rojo, la lluvia ácida que se siente en algunos sectores de la ciudad, el polvillo que sale de Ferrominera Orinoco, la depredación de las cuencas de los ríos por la actividad minera y la destrucción de las reservas forestales... son sólo algunos de los problemas ambientales que hay en la región y que no han sido atendidos de forma diligente por las autoridades. Fue enfático al advertir que la responsabilidad que tiene en esta crisis ambiental el Ministerio de Ambiente, pero advirtió que las alcaldías también tienen competencias ambientales claramente establecidas en la ley. "Nosotros seguimos lanzándole al Orinoco y al Caroní, que son nuestros dos principales ecosistemas acuáticos, todas las aguas servidas que producimos en nuestros hogares, sin ningún tratamiento. La planta de tratamiento de Toro Muerto es una planta que no cumple su verdadera función, Antonio Briceño inició la construcción de otra planta de tratamiento que no está terminada y nosotros observamos como la CVG, la Alcaldía de Caroní, la Alcaldía de Heres y el Ministerio del Ambiente, que en el periodo pasado tenían presupuesto para esos proyectos, no se unen para retomarlos", dijo. Apuntó que por esa falta de voluntad para construir una nueva planta de tratamiento para la ciudad estamos poniendo en peligro a nuestros ecosistemas y a los ciudadanos que están respirando un aire enrarecido y consumiendo un agua que no es de óptima calidad. Adecuación ambiental En relación con la adecuación ambiental de las empresas, Valdéz recalcó que ese proceso "se vino totalmente abajo. El pasivo ambiental que tenemos en Guayana es bien fuerte, y nosotros tenemos que impulsar soluciones en función de nosotros mismos, porque es a nosotros a los que nos afecta esta contaminación". En cuanto a la adecuación ambiental de las empresas básicas, Francisco Valdéz empezó citando el caso de Ferrominera Orinoco "que el año pasado pidió una prórroga para adecuarse ambientalmente, por lo que tiene su cronograma ambiental vencido y requetevencido, a estas alturas no se sabe qué ha pasado con esa empresa. Es una incógnita para nosotros y no entendemos porqué el misterio, pues ese plan debería ser público. Desde las empresas del holding CVG deberían estar informándole a la gente, pero eso es un secreto bien guardado y uno no entiende cuál es la razón, pareciera que es un secreto de Estado". Valdéz considera que los pasivos ambientales de Guayana van in crescendo. "En este momento cuando se está produciendo la mayor crecida del Orinoco, tenemos el peligro no latente, si no presente y eminente de las lagunas de lodo rojo. La capacidad de esas lagunas se ha ido subiendo con los diques, pero uno se pregunta ¿hasta dónde van a subir los diques? ¿las van a convertir en unas torres de Babel?. Entonces, no vemos una acción coordinada para buscar una solución definitiva a ese grave problema". Precisó que investigadores de la Unexpo, a través de uno de sus centros de investigación, estaban trabajando en la posibilidad de utilizar ese lodo rojo en la construcción y en pavimentación, pero advierte que de eso no se supo más nada, y cree que puede ser por "falta de apoyo del sector oficial, del Ministerio del Ambiente". "Lamentablemente vemos como los pasivos ambientales de Guayana van creciendo, siguen siendo evidentes y no se ven posibilidades ciertas de salir adelante. La Sociedad Conservacionista considera que mientras la Gobernación, el Ministerio del Ambiente y la Corporación Venezolana de Guayana, anden cada uno con una atomización de esfuerzos no vamos a tener una solución", dijo. Situación dramática Advierte que toda la zona baja de Puerto Ordaz, los sectores de La Floresta, los campos de Ferrominera Orinoco y todos los sectores residenciales que hay en esta área son "los más contaminados de la ciudad debido a la actividad de Ferrominera Orinoco. Y ahí hay problemas respiratorios, igual que en el Core 8, la situación es grave, es cuestión de salud pública". "El problema estriba en que la Alcaldía no tiene un departamento de ambiente, sino un departamento que se llama Servicios Patrióticos y ahí se incluye el ambiente, pero ¿qué han hecho ellos por el ambiente?... y mientras tanto los enfermos abarrotan los centros asistenciales, y esos enfermos son precisamente la gente del pueblo, la gente con menos posibilidades, son los niños y ancianos que se nos enferman", dijo. Valdéz calificó de inconcebible que ningún organismo lleve una estadística de cuántos son los cuadros respiratorios y los abortos que se presentan y que podrían ser vinculados de alguna manera con la contaminación. Ciudad sin árboles Advierte que otro problema que enfrenta Guayana es la pérdida de áreas verdes y de bosques y con ello perdemos la posibilidad tener árboles que sirvan de barrera contra el polvo y también para producir oxígeno. "Estamos analizando un informe que hicieron unas universidades, la Fundación Polar y otras fundaciones para la protección de bosques. En ese documento se demuestra que los bosques que le quedan al país están concentrados en Guayana y son los que están menos afectados, continuó. Pero la afectación que se le sigue haciendo a los bosques guayaneses es feroz y desastrosa y es una actitud antieconómica, antisocial, antiecológica". Precisó que la actividad minera le está produciendo al país 1% del PIB, lo que -a juicio de Valdéz- es marginal, si se toma en consideración que se están destruyendo las cuencas de los ríos que nos garantizan el agua del futuro, y también se está arrasando a los bosques que garantizan el oxígeno para todo el planeta. "Lo fuerte de las ganancias que genera la minería se va por los caminos verdes allende de la frontera de nuestro país, hacia Brasil y otros mercados del oro y del diamante... y es que ¿quiénes son los mineros que están allí? La gran mafia de la minería en Venezuela son los grandes sectores, aquí en Venezuela no hay pequeño minero, esa es una forma romántica de ver la actividad minera, porque para tener una balsa o unas bombas hay que tener mucho dinero", dijo. Valdéz se mostró de acuerdo con las acciones emprendidas por el Teatro de Operaciones número 5 contra la minería, pues considera que han logrado "controlar" el problema. Precisó que esas 200 ó 300 balsas que están paralizadas, tienen que seguir paralizadas, porque su activación podría "generar un problema gravísimo a la cuenca del Caroní, cuyo valor principal es la energía eléctrica, entonces el oro y el diamante que pueden tener el fondo de los ríos no compensa en proyección a futuro lo que significa la energía eléctrica". El líder de la ONG denunció que en Edelca la información ambiental está prácticamente "secuestrada". "Le hago una crítica fuerte a Edelca, porque he tratado de comunicarme con Carlos Luis Becerra, quien es el gerente de Relaciones Públicas, para tratar de obtener el resumen gerencial del estudio de cuenca, que es obligación de Edelca... y no hay forma de conseguirlo, pareciera que fuera un secreto de Estado la información ambiental, que de más está decir, los venezolanos tenemos derecho de conocer. ¿Acaso esa información es secreta? ¿no hay que decirle a la gente que las balsas comprometen la cuenca del Caroní?". Acciones concretas Valdéz está convencido que el pasivo ambiental por la pérdida de masa forestal es "bien fuerte. Y no vemos la acción del Ministerio del Ambiente en regularizar la acción de los madereros que siguen incumpliendo el plan de ordenamiento que tienen internamente. Aquí hay madereras del Ejército, hay madereras de La Salle, hay madereras privadas y pareciera que no hay un control sobre ellas. La Salle tiene una concesión maderera y ellos están explotando la madera y el Ejército le dio su concesión a un aserradero para que explote esos bosques". Precisó que el problema no estriba únicamente en la explotación de un lote boscoso, sino en que para llegar a ese lote de bosque, los madereros deforestan todo a su paso y no se molestan en reforestar el área. "Esa cobertura boscosa que destruyen los madereros la dejan ahí sin ningún tratamiento y eso ocasiona problemas drásticos desde el punto de vista ecológico, porque no reforestan las áreas explotadas. Aquí hace tiempo hubo un fiscal de ambiente que imputó a varios madereros y les dictó auto de detención en su momento. Pero hemos notado que el Ministerio Público a través de sus fiscales de ambiente no ejercen ninguna acción, entonces, lo que sucede aquí en Ciudad Guayana debería generar una posición contundente por parte de los fiscales de ambiente". Lluvia ácida Recalcó que dentro del plantel industrial de Guayana hay empresas que están lanzando libremente a la atmósfera gases que están generando una "lluvia ácida" en la ciudad. "Tenemos el problema de Hevensa, CE Minerales, Ferroven, Sidetur, Orinoco Iron, todas esas empresas están generando fuertes y peligrosas emisiones al ambiente y no se ve el accionar de las autoridades ambientales, ni de las gerencias o direcciones de ambiente que hay en la CVG y en las alcaldías". Recalcó que el olor a sulfuro que se siente por el kilómetro 70 de la vía a Ciudad Bolívar proviene de una empresa que produce abrasivos. "Nosotros nos opusimos a la instalación de esa empresa, que produce abrasivos y genera gases químicos. Esa empresa está generando un fuerte problema ambiental en la ciudad y el olor de los gases que lanzan a la atmósfera se siente desde que se llega al peaje; y así como esa empresa hay muchas que no están cumpliendo las normas ambientales y son altamente contaminantes. Uno no entiende qué parámetros manejó la Alcaldía para dar esos permisos a esas empresas". Advierte que para lograr de forma contundente respuestas a los problemas ambientales que hay en Guayana es prioritario que todas las comunidades se sensibilicen sobre la situación y le exijan a los entes del Estado acciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Insistió al señalar que es necesario que todos los ciudadanos se "involucren" con el tema ambiental. "Cuando denunciamos a Hevensa, vino una comisión de la Asamblea Nacional, se hicieron todos los estudios; pero en definitiva quien debe imponer la sanción es el Ministerio de Ambiente, y nadie sabe por qué razón el Min-Ambiente no actúa y uno no puede ni siquiera acceder al director de ambiente, porque uno lo llama, lo persigue, lo va a buscar y nunca lo consigue. Desgraciadamente, entonces, esa denuncia se diluye en la propia ineficiencia del aparato del Estado", dijo. Valdéz afirma que a pesar de que el ambiente es fundamental para el desarrollo de las comunidades y de todos, la lucha "se vuelve etérea, una actividad ciclópea en la que no se ve el resultado al frente". - ¿Falta voluntad por parte de las autoridades ambientales para accionar las medidas necesarias? - Voluntad para decidir, no cabe la menor duda. El problema estriba en que el desarrollo económico traba las decisiones. En el caso de la lluvia ácida que afecta a San Jacinto, tú ves en los árboles la acción de la lluvia ácida y no solamente eso, sino que esas empresas que generan ese daño tan evidente no apoyan a las comunidades. Uno se pregunta cómo si esas empresas que generan ganancias importantes, no apoyan a la comunidad que están afectando y tienen una responsabilidad social en esa comunidad. Se observa entonces, la desidia, porque mientras los vecinos viven en modestas condiciones, ellos andan en potentes camionetas y aseguran que todo es culpa del verano. "Uno se pregunta entonces si Sidetur, Sidor, Venalum, y todas esas empresas no tienen la obligación de destinar parte de sus ganancias a un gasto social en las comunidades que están afectando por los contaminantes que generan... yo creo que sí. Porque el ambiente lo valoras cuando te afecta, cuando finalmente te salió un cáncer en la piel, o una tos recurrente... a partir de ese momento si nos interesa el ambiente; de resto, ni pendiente", puntualizó. Valdéz advierte que "estamos en emergencia en materia ambiental, y no es una actitud alarmista, porque la emergencia en ambiente es permanente, porque incide en la salud y en la calidad de vida de la gente". Dos fiscales para todo Pese a la crítica situación ambiental que existe en todo el estado Bolívar y a la enorme extensión de esta entidad, sólo están asignados a esta zona dos fiscales del Ministerio Público con competencia ambiental. Uno de ellos está destacado en Ciudad Bolívar y se encarga de atender toda la zona norte del estado, incluyendo el municipio Caroní. Y un segundo fiscal del Ministerio Público se encuentra destacado en Santa Elena de Uairén para atender mayormente el problema minero en los municipios del sur. La fiscal cuyo rango de acción incluye a Caroní está manejando más de 200 casos, de los cuales, la mitad son denuncias contra empresas públicas y privadas ubicadas sólo en Ciudad Guayana. Ivonne M. Rincón Moreno
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Foto Pedro Montes |