El pasado 19 de octubre de este año, la Guardería Ambiental de la Guardia Nacional realizó una segunda inspección a la planta industrial, detectando graves violaciones a la norma ambiental vigente en nuestro país.

Ivonne M. Rincón Moreno
irincon@correodelcaroni.com

En una asamblea las comunidades de San Jacinto, Chirere y La Ceiba conocieron los resultados de la inspección a la empresa Saint Gobain

 La reunión se inició a las 6 y media de la tarde, estuvieron presentes vecinos de Chirere, San Jacinto y La Ceiba, representantes de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional, de la Dirección de Ambiente de la Gobernación del estado, la directora del Centro de Investigación de Ambiente de la Unexpo-Puerto Ordaz, Flor Meléndez; Scarlet Alcalá, representante de la Defensoría del Pueblo y por la empresa Saint Gobain estuvieron presentes el consultor jurídico, Ramón Sosa y la consultora de imagen, Florinda Morales.

 Los grandes ausentes en la reunión fueron los representantes de la Alcaldía de Caroní y los concejales miembros de la comisión de Ambiente, quienes justificaron su ausencia por la falta de vehículos para trasladarse hasta el lugar de la reunión "porque era demasiado lejos".
 
 El encuentro se inició con la reproducción de un video en el que quedó grabada la inspección que representantes de Guardería Ambiental y de las comunidades hicieron a la empresa. Luego, el mayor Rodolfo Rauseao, de Guardería Ambiental explicó a los vecinos el avance del proceso de investigación que se sigue contra esta empresa.

 El pasado 19 de octubre se realizó una inspección a la planta y en esa visita, los representantes vecinales y de Guardería Ambiental constataron que la empresa está violando algunas normativas vigentes, tanto por emisiones como efluentes y por inadecuada disposición de desechos peligrosos.

 El ministerio del Ambiente le dio plazo a la empresa para entregar los documentos y recaudos pendientes hasta el día de ayer y se estima que para la próxima semana podría estar notificándose a la fiscal encargada para la apertura de la acción penal contra la empresa.

 César Perdomo, vocero del Consejo comunal de San Jacinto II, adelantó que -según la información que maneja- existen todos los elementos para iniciar un proceso penal contra la empresa debido a las violaciones a las normativas ambientales vigentes en el país.

Todo igual
 Perdomo indicó que mientras se definen las acciones a tomar con la empresa Saint Gobain, los vecinos siguen padeciendo los fuertes olores, el polvillo sobre los enseres, la violenta oxidación de todos los elementos de hierro que hay en los hogares y las lesiones en la piel y el aparato respiratorio, sobre todo en los más pequeños.

 Recalcó que uno de los elementos que forma parte de esta investigación es la realización de un muestreo de calidad de aire que terminó el 19 de octubre. "Estamos esperando los resultados del muestreo que se hizo y una de las cosas que criticamos como comunidad y ciudadanos es que no puede ser la empresa que está afectando el ambiente, la que escoja el laboratorio que va a hacer el muestreo de calidad de aire".

 "Durante esos 21 días del monitoreo, bajó el impacto que nosotros tenemos sobre todo en la parte de gases y particulado... nosotros asistimos a las tomas de muestras que se hacían diariamente y nos dimos cuenta que la actividad industrial de esos días era mucho menor a la normal. Todos en la comunidad sentimos que bajaron los olores de madrugada, y ahora que terminó el monitoreo estamos recibiendo otra vez con fuerza los olores y las partículas".

Más voces en contra
 Juan Blanco, representante del sindicato agrario de La Ceiba, recalcó que "durante el monitoreo la empresa Saint Gobain disminuyó la producción, pero ya están empezando a operar otra vez... eso lo vimos nosotros. Pero estamos claros, nosotros nos estamos apegando a las leyes porque todos tenemos que ser ambientalistas, este es un problema que nos atañe a todos".

 Precisó que luego de varios meses de lucha se logró que el Ministerio de Ambiente agilizara los trámites para iniciar una investigación por la contaminación que está generando esta empresa.

 "Tuvimos que pedir una audiencia directamente con la ministra de Ambiente y a partir de allí se agilizó todo. Porque desde aquí el proceso fue muy lento. Nosotros con esta lucha hemos aprendido mucho, las universidades nos han ayudado mucho y ellos siguen aquí con nosotros".

Adecuación o cese de operaciones
 Para los vecinos de San Jacinto, La Ceiba y Chirere, la única salida a esta situación es que la empresa Saint Gobain se adecue ambientalmente, e incluso creen que es necesario que mientras se de el proceso de adecuación deben cesar las operaciones de la planta.

 Por otro lado, consideran que si la empresa no invierte lo necesario para adecuar ambientalmente sus operaciones, lo más conveniente es que Saint Gobain "se vaya del país y cierre la planta".
 
 Simón Rincón, miembro del consejo comunal de San Jacinto, no entiende cómo "en este país permiten la instalación de una empresa que contamina de esta manera. Nosotros aquí en la comunidad nos estamos formando como ambientalistas, nos han obligado a actualizarnos... nosotros no sabíamos lo que era el carburo de silicio y ya tenemos casi un magíster, porque queremos defender nuestro ambiente y nuestra salud. Antes las comunidades no hacían presión pero ahora tenemos acceso a la información y sabemos cuáles son nuestros derechos".

 "Si esa empresa se queda, van a tener que hacer estudios para determinar las enfermedades que está ocasionando la contaminación, igual que hay que hacer un estudio de suelo, de agua, en las plantas para ver cómo nos están afectando las partículas y gases que salen de esa planta, continuó. Además al país no le conviene tener una empresa que genera desechos tan peligrosos, ya nosotros no somos los indios de hace 400 años, las cosas han cambiado".

Todo se puede demostrar
 Cuando el fiscal del ministerio Público -que sea encargado de este caso- notifique la apertura de la acción penal se estarán solicitando otros elementos necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.

 Explicaron que será el fiscal quien tendrá a su cargo la decisión de abrir o no un proceso penal contra la planta. Sin embargo, aclararon que los procesos penales se realizarán de manera paralela a los procedimientos administrativos.

 Ya existe un procedimiento administrativo abierto contra la empresa Saint Gobain y lo más probable es que la fiscal sea notificada porque existen -según las personas involucradas- suficientes indicios y evidencias de las fallas en que está incurriendo la empresa.

La versión de la empresa
 Florinda Morales, consultor de Imagen de Saint Gobain, explicó que la empresa está dispuesta a adecuarse ambientalmente y rechazó las acusaciones de la comunidad relacionadas con la disminución de las operaciones durante el monitoreo que se hizo hace pocas semanas.

 "Eso es claramente comprobable con el consumo de electricidad, porque Edelca tiene el histórico de consumo de la empresa y el principal insumo de la planta es coque y sin electricidad no hay producción", dijo.

 Morales aseguró que para este viernes la empresa consignaría los documentos que le fueron solicitados, entre los que mencionó el nombre de la empresa que provee el coque, el manifiesto de importación de coque, entre otros.

 "Lo que va a decir si lo que dice la comunidad o lo que dice la empresa es cierto, son los resultados del estudio de calidad de aire... creo que hay que esperar. Ya se abrió un proceso administrativo contra la empresa que contempla una investigación y ya se han hecho varias inspecciones en la planta, esta es la segunda inspección que se hace porque la primera se realizó en agosto y la hizo el propio ministerio del Ambiente".

 La representante de la empresa asegura que ya se consignó ante el MinAmbiente "su decisión de ir a un proceso de adecuación ambiental". Sin embargo, Morales no supo precisar cuál es el monto de la inversión que se realizará para este proceso de adecuación, que incluye el cierre de los hornos.

Lo que se recomienda

 Flor Meléndez, coordinadora del Centro de Investigación de Ambiente de la Unexpo, advirtió que un monitoreo de aire no es suficiente para determinar qué es lo que está sucediendo en San Jacinto y alerta que hay una serie de evaluaciones adicionales que deben hacerse para medir el impacto que han tenido las operaciones de esta empresa, no sólo en La Ceiba, Chirere y San Jacinto, sino en toda la región.

 La especialista sugiere que el primer estudio que debe hacerse en estos tres sectores es de morbilidad, para determinar los compromisos bronco-respiratorios que se están presentando en la comunidad y también los problemas dermatológicos.

 "Es necesario hacer un levantamiento de la información de salud, porque hay algunos registros pero en el último año no se han hecho y es necesario determinar cuáles son las condiciones de la comunidad. El punto siguiente es que esta es una zona rural y el área donde ellos están también reciben un impacto, por eso es necesario hacer un estudio en la vegetación y el suelo".

 Insistió al señalar que deben realizarse una serie de estudios complementarios que permitirán hacer un diagnóstico completo de lo que viven estas comunidades.

Lo que dice la ley

Artículo 24. Medidas judiciales precautelativas.

 El juez podrá adoptar, de oficio o a solicitud de parte o del órgano administrativo denunciante, en cualquier estado o grado del proceso, las medidas precautelativas que fuesen necesarias para eliminar un peligro, interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas o evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga. Tales medidas podrán consistir en:

 - La ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes, hasta tanto se corrija o elimine la causa degradante, o se obtengan las autorizaciones correspondientes.

 - La interrupción o prohibición de la actividad origen de la contaminación o deterioro ambientales.

 - La retención de sustancias, materiales u objetos sospechosos de estar contaminados,  causar contaminación o estar en mal estado.

 - La retención de materiales, maquinarias u objetos, que dañen o pongan en peligro al ambiente o a la salud humana.

 - La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o elementos cualesquiera que alteren el aspecto o el aprovechamiento racional de los recursos hídricos, medio lacustre, marino y costero o zonas bajo régimen de administración especial.

 - La inmovilización de vehículos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, capaces de producir contaminación atmosférica o sónica; y

 - Cualesquiera otras medidas tendientes a evitar la continuación de los actos perjudiciales al ambiente.

Artículo 25. Experticia de los daños.

 A los fines de la determinación de la cuantía de los daños, el Tribunal sólo podrá nombrar como expertos a personas naturales especialistas en la materia, o a instituciones oficiales, universitarias, fundaciones u organismos no gubernamentales especializados, siempre que estas instituciones se encuentren debidamente acreditadas y legalmente constituidas.

Fuente: Ley Penal del Ambiente