Investigación, selección y comentarios Damián Prat C.
Foto Aníbal Barreto

Eran días aquellos de mucho movimiento en relación al futuro de la industria del aluminio.  Con el precio del barril  de petróleo a 12 dólares, el Estado era incapaz de disponer de recursos para hacer frente a la indispensable renovación tecnológica y ampliación de la capacidad de producción de Alcasa y Venalum.

 Los altos subsidios que debían entregarse a la primera de esas dos empresas para financiar sus recurrentes pérdidas eran una alternativa que restaba recursos para atender adecuadamente otras obligaciones como salud, educación o servicios públicos.

 Privatizar el sector resultaba así una posibilidad pero tal proceso debía ser propuesto como un bloque para amarrar al inversionista a soluciones para Alcasa, la menos apetecible.

 Al mismo tiempo, debían cumplirse condiciones y obligaciones, de modo que los intereses de la nación y de sus trabajadores no resultaren afectados.

 Así, en la edición del sábado 7 de febrero se anuncia que el Consejo de Ministros aprobó las bases del contrato de compraventa del aluminio.

 Dichas condiciones estipulaban que por ejemplo, el inversionista debía fanatizar un flujo determinado de inversiones (mínimo de 300 millones de dólares anuales por cuatro años en activos fijos) que garantizaran repotenciar a las compañías del grupo, debía mantener en operación todas las plantas por un mínimo de cinco años y tenía que invertir en todas y cada una de ellas.

 Debía garantizar “una producción mínima de aluminio primario, bauxita, ánodos de carbón y la disponibilidad al mercado nacional por un mínimo de 5 años”.

 Habían obligaciones para con la V Línea de reducción de Alcasa y la VI de Venalum.

 Se establecía obligatoriamente la inamovilidad laboral de todo el personal por un año y el mantenimiento del número de trabajadores por al menos año y medio.

 También se creaba un Programa de Participación Laboral (PPL) semejante al de Sidor, por el cual, los trabajadores pasarían a ser accionistas de la empresa hasta por 20%.

 El entonces diputado del PPT, Alí Rodríguez Araque declara que votará en contra pero observen su argumento: “Este es el peor momento para negocios de este tipo”. 

Trabajadores negocian con el FIV
 Para la edición del jueves 12 del mismo mes, Correo del Caroní incluye la noticia titulada así:  “PPL del aluminio reinició negociaciones con el FIV”, es decir, que una amplia representación de los trabajadores, incluyendo algunos electos en asambleas o votaciones, junto a dirigentes sindicales, negociaban con el Fondo de Inversiones de Venezuela, conductor del proceso de privatización acerca de “los ejemplos de distribución accionaria para efectos de la compra de acciones del aluminio por parte de trabajadores de Alcasa, Venalum, Bauxilum y Carbonorca”.

 Tan convencidos estaban que se daría la privatización que revisaban las nóminas de cada factoría, certificaban los datos de aquellos que habían trabajado en otras empresas del grupo CVG a los fines de sumarse su tiempo de servicio para a su vez darle chance de adquirir más acciones por antigüedad.

Venta en bloque
 Para el 19 de febrero se anuncia que el Congreso Nacional aprobó que la venta debía ser en bloque para evitar que hubiese muchos inversionistas interesados en Venalum y pocos o ninguno en las otras compañías del ramo.