El abogado constitucionalista, Tulio Álvarez, considera que lo más grave de los ataques contra Correo del Caroní, es el contexto de acoso a periodistas y medios que se ha desplegado por parte de los gobiernos nacional y regional.

Ivonne M. Rincón Moreno
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

“El procedimiento que se está siguiendo contra Correo del Caroní no es legítimo”

 Precisó que en este caso lo único novedoso es que en lugar de utilizar directamente a los tribunales se está usando el Consejo Legislativo del estado Bolívar, “porque en ninguna parte de Venezuela se había encontrado a alguien tan ignorante como para imaginarse que podía abrir un proceso administrativo en una comisión legislativa por la investigación de la propiedad de un inmueble… pero parece que en Bolívar sí lo hay”.

 Álvarez conversó vía telefónica con Correo del Caroní y reiteró la ilegalidad de la acción que pretende llevar adelante el Consejo Legislativo, pues este órgano del poder regional -según el jurista- se está abrogando funciones que por ley no les corresponden.

 “Están manipulando las funciones del CLEB, porque este organismo puede hacer interpelaciones, pero están definidas en la Constitución del estado cuáles son las causas: deben ser de interés público y relacionadas con funcionarios públicos y organismos estadales y oficiales… este es un típico asunto de interés privado y además el medio cuenta con el apoyo de los vecinos”, apuntó.

 Álvarez insiste al señalar que de acuerdo a la doctrina manejada por las organizaciones internacionales de los derechos humanos, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se ha fijado el criterio sobre la utilización de procedimientos administrativos, planteando que “aunque sean legítimos, pero sean dirigidos contra medios de comunicación social constituyen una violación al derecho a la libertad de expresión y de información de los ciudadanos”, dijo.

 Continuó el abogado constitucionalista, señalando que “en este caso particular el procedimiento que se está siguiendo contra Correo del Caroní no es legítimo, porque en primer lugar, cuando uno analiza el escrito mediante el cual citan al director-editor del diario, el contexto del escrito define el proceso como administrativo y resulta ser que los consejos legislativos de los estados no tienen competencia para abrir procesos administrativos sancionatorios, y menos aún para utilizar la fuerza pública, obligando a ciudadanos y -peor aún- a comunicadores sociales a participar en esos procesos”.

Sin competencias
 Aclaró que tal y como se plantea en la citación emitida a Correo del Caroní, “el procedimiento administrativo se refiere a la propiedad de un inmueble, que es una competencia jurisdiccional, que evidentemente no tiene el Consejo Legislativo”.

 Recalcó que el Consejo Legislativo del estado Bolívar sólo tiene la capacidad de iniciar una investigación, pero la Constitución del estado Bolívar la limita a asuntos en los que estén inmiscuidos funcionarios públicos y organismos estadales. En consecuencia, siendo que este es un evento típicamente jurisdiccional y en virtud de que no existe involucrado ningún organismo o funcionarios públicos, no pueden abrir ni convocar a ninguna interpelación.

 Álvarez puntualizó que lo más grave de estas amenazas del Gobierno sobre el primer diario de Guayana es “el contexto en el cual se produce este procedimiento administrativo desarrollado por un Consejo Legislativo y el contexto es que en primer lugar David Natera Febres acaba de presentar un informe a la SIP, sobre la violación del derecho a la información y libertad de expresión en Venezuela. No es casual que en la anterior reunión de la SIP, cuando el finado doctor Juan Manuel Carmona presentó un informe resaltando las mismas irregularidades, fue el Seniat el encargado de presionar al medio de comunicación,  que llevó incluso al cierre temporal de El Impulso”.

Retaliaciones contra la libertad
 “Ningún medio de comunicación social, pero especialmente la prensa, puede ser clausurado por procesos administrativos, porque tal acción constituye una violación ya no del derecho del medio de comunicación, sino de los ciudadanos que tienen el derecho a estar informados y también tienen el derecho a utilizar el medio de comunicación para transmitir sus ideas sobre materias específicas de interés particular o público”, aseveró.

 Ante esta situación, el abogado constitucionalista considera que la primera alternativa que le queda a los ciudadanos es resistir y “desconocer estas órdenes ilegítimas, resistencia a participar en estos actos ilegítimos; y en segundo lugar, e independientemente de que los tribunales en Venezuela estén sometidos a la voluntad ejecutiva, hay una serie de medidas que pueden asumir los organismos internacionales”.

 “Cuando atacan un medio de comunicación están atacando el derecho de todos ellos de estar informados y a utilizar los medios de comunicación como instrumento para transmitir sus ideas y sus quejas. No es casualidad que el Correo del Caroní esté sirviendo a la comunidad e inclusive, a aquellos que tienen una posición favorable o en contra del Gobierno, porque los ciudadanos sin distingo de posición política están sufriendo la ineficiencia de los gobiernos regionales y nacional y la única forma de quejarse y de plantear sus intereses es precisamente utilizar los pocos medios independientes que van quedando en el país y en el estado Bolívar”, dijo.

 Recalcó que Correo del Caroní en el estado Bolívar ha servido de instrumento de participación de todos los sectores. “Un medio de comunicación tiene que ser crítico, medios neutros no existen… un medio neutro o gobiernero pierde su perfil”.

Expresión Libre rechaza ataques contra Correo del Caroní
 Un nuevo ataque a la libertad de expresión se está fraguando, esta vez en contra el diario Correo del Caroní, cuando el Consejo Legislativo del Estado Bolívar cita a David Natera Febres, director de este medio impreso, para que comparezca a una interpelación en ocasión del “procedimiento administrativo investigatorio” dirigido a determinar la “legalidad de la ocupación del inmueble” en el que se encuentra la sede del periódico.

 En un país en donde las instituciones han sido violentadas, ya no puede causar asombro cuando el órgano legislativo de un estado, que no tiene atribución alguna para ejecutar procedimientos administrativos sancionatorios, se abroga esa función, acompañando además la cita con la amenaza de solicitar “investigación por ante la Fiscalía del Ministerio Público por la comisión del delito de desacato”, en el caso de incumplir la orden emitida en su contra, además de instruir a la Policía para que lo conduzca forzosamente a rendir el interrogatorio respectivo, aun antes de que se cumpla el plazo fijado.

 Esta acción no es más que una forma de acoso, persecución y represalia a un medio, cuyo director hace apenas unos días, explicó ante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, la grave situación que viven los medios de comunicación independientes de Venezuela, y si alguna duda quedara del trasfondo de esta acción es bueno informar que la “investigación” comienza después que el gobernador Francisco Rangel Gómez profirió públicas amenazas contra Correo del Caroní.

 Expresión Libre vuelve a alertar a la colectividad sobre las intenciones del gobierno de cercenar el derecho de los ciudadanos de estar informados apelando a la intimidación de los medios para que no cumplan con su deber de informar.

 Hacemos un llamado a todos lo medios de comunicación, a los periodistas y a la ciudadanía en general, a cerrar filas en la lucha contra el intento de este gobierno autocrático y corrupto de instaurar el silencio en el espíritu de los venezolanos.

Es auténtico: Silvia Alegrett
Coordinadora general de Expresión Libre