Investigación, selección y comentarios Damián Prat C.
Foto Julacci Brito

 Tomamos al azar el libro que contiene las ediciones de Correo del Caroní del mes de marzo de 1997, hacen tan sólo 8 años y 10 meses para encontrar las manifestaciones de una crisis política que hoy sigue casi igual.

 Epoca de divisiones y desconcierto en varios partidos políticos, de intentos fallidos de rehacer la democracia y sus instrumentos partidistas.

 Fueron también los días del debate sobre la privatización de Sidor y las empresas del aluminio, así como de ese intento de modificar todo el sistema de seguridad social, partiendo de mejoras salariales y un cambio en el régimen de prestaciones sociales.

La inevitable privatización
 Del curso de los hechos sobre la privatización, visto ahora en la perspectiva de que da el tiempo y mirando fríamente los debates y declaraciones de los actores políticos y sindicales, tal como hablaban entonces, uno percibe con claridad indiscutible, que había muchas dudas y resistencias a un cambio del que no se tenían certezas y en cambio si muchos prejuicios.

 No obstante, es curioso notar que en el fondo de sus palabras y manifestaciones, todos -trabajadores, políticos, sindicalistas- parecían admitir soterradamente que “no había mas remedio”.

 Algunos, incluso con más coraje para admitirlo, lo decían sin tapujos pero con evidente dolor: “¿Qué futuro pueden tener nuestras empresas básicas si no se les inyecta capital y tecnología y de donde pueden salir esos capitales sino de la inversión privada?”, se preguntaba un protagonista político y regional que para aquel tiempo estaba en el primer plano de la opinión.

 Era el ya ex gobernador Andrés Velásquez, que para el momento se mantenía como un influyente líder del movimiento sindical guayanés.

 Lo decía durante una entrevista en el espacio de TV Primer Plano con Marcel Granier, entrevista parcialmente reproducida en la edición de Correo del Caroní del 1 de marzo de aquel 1997.

 No sólo él. Tan sólo encontré una declaración de oposición rotunda a tal proceso, la de Pablo Medina aunque parecía muy influido por la disputa interna en el seno del partido Causa R, como veremos más adelante.

 Todos los restantes actores políticos y sindicales que hablaron y manifestaron en aquellos días, manifestaban aprehensiones y levantaban reclamos; colocaban exigencias pero admitían velada o abiertamente que ese camino era inevitable y necesario.

 Tanto, que en un hecho realmente extraordinario -que ojalá hoy fuésemos capaces en Guayana de repetirlo para defender a CVG del intento de desmantelarla- una serie de asambleas y encuentros de sindicatos, partidos, instituciones regionales, diputados, líderes de base, gremios profesionales, gremios empresariales y del comercio producen un documento con exigencias para aceptar la privatización que es llevado por el entonces gobernador Jorge Carvajal y una comisión representativa de la región a Miraflores, donde el presidente Caldera los recibe, escucha y promete atender tales reclamos para incorporarlos al proceso.

 Eran tiempos convulsionados políticamente -igual que los de hoy- pero que encontraban algunos cauces de diálogo, respeto y búsqueda de consensos.

El acuerdo tripartito
 En paralelo al debate de la privatización, en varios escenarios se venía gestando un hecho inédito en la historia política venezolana, que lamentablemente fue desechado por el actual régimen.

 Un acuerdo para modificar totalmente el caduco e inoperante sistema de seguridad social confeccionado mediante un proceso de discusión, conciliación, consulta y acuerdo entre las partes involucradas, es decir, el Estado, la parte empresarial privada y la representación sindical.

 A diferencia de los acuerdos entre partidos propia del pasado o la imposición de una sola parte, el poder gubernamental representado en una sola persona, que concentra todas las decisiones, típica de la Venezuela de hoy, fue un intento imperfecto pero interesante de buscar acuerdos y consensos.

 El documento final, firmado en Miraflores el 17 de marzo de 1997, en presencia del presidente Rafael Caldera tuvo como actor fundamental del trabajo consensual en el entonces ministro de Planificación Teodoro Petkoff y reunió a las dirigencias de la CTV y de Codesa y a todos los gremios empresariales (Fedecámaras, Conindustria, Fedeagro, etc).

 “Aprueban nuevo sistema de seguridad social, aumentos salariales y régimen de prestaciones sociales”, reza el largo titular de Correo del Caroní del 18 de marzo, desplegado a ocho columnas por la importancia de la noticia.

Los detalles del acuerdo
 Adentro se explica que hay un acuerdo para elevar el salario mínimo y las escalas salariales públicas que será anunciado en detalle por el Gobierno nacional, aunque tal aumento afecte las metas de reducción de la inflación previstas.

 Eran tiempos en que no se alteraban las cifras y estadísticas oficiales del INE y el BCV.

 También se explica que se sustituye el antiguo régimen de prestaciones basado en la retroactividad, por uno en el que cada año el patrono -privado o Estado- pague al trabajador las prestaciones causadas directamente o a través de un fideicomiso.

 Las prestaciones acumuladas, obviamente, no se van a perder sino que serán pagadas a todos los trabajadores en varias fracciones en un plazo máximo de cinco años, aunque en la mayoría de los casos se pagaron en los siguientes doce meses.

 Se establecen las bases del acuerdo para que el Congreso modifique las leyes correspondientes para establecer un sistema de seguridad social que sustituya el inoperante IVSS. Sistema que debe incluir un sistema de jubilaciones, pensiones de vejez, vacaciones, atención médica, seguro de desempleo, etc.

Todo desecho más no sustituido
 Tales leyes se acordaron posteriormente pero nunca entraron en vigencia pues con el posterior cambio de gobierno fueron congeladas por la “revolución” a la que le parecían que no eran suficientemente buenas.

 Incluso la nueva clase política gobernante que se instaló en el poder a inicios de 1999 habló incansablemente de “regresar al sistema de retroactividad de las prestaciones”.

 Sin embargo, siete años después, no hay ningún sistema nuevo de seguridad social ni mejor ni peor que el aprobado en 1998 con base al acuerdo tripartito de 1997; tampoco hay ningún cambio o regreso al régimen de prestaciones.

 En el primer tema, en la Constituyente, el Congresillo y la primera Asamblea Nacional los líderes del “proceso” presentaron varios proyectos y siempre los terminaron engavetando. Finalmente no se aprobó nada y se mantiene el viejo e inservible IVSS.

 En cuanto el régimen de prestaciones, tras mucho hablar, comprendieron que no es lo mismo reclamar que hacer desde el Gobierno.

 El ministerio de Finanzas “revolucionario” sacó las cuentas y comprendió que era imposible para el Estado regresar al viejo sistema de prestaciones con retroactividad. No había forma de pagarlo.

 Claro que en lugar de admitir el problema, simplemente, los diputados “revolucionarios” han engavetado el tema para no hablar de él.