Guayana lideró en el 2005 el balance anual de la ONG ambientalista Vitalis, pues el problema más grave reportado por los expertos fue la minería ilegal, que sigue afectando negativamente los ecosistemas y fuentes de agua de esta zona.

Ivonne M. Rincón Moreno
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Pese a las acciones de la Guardia Nacional los mineros ilegales siguen generando graves problemas al ecosistema guayanés

 Este balance anual fue realizado por Vitalis a partir de una consulta de opinión realizada entre 211 expertos provenientes del sector gubernamental y privado, de las universidades y centros de investigación, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales de todo el país.

 En el documento quedó claro una vez más que en Venezuela la situación ambiental es bien compleja, pues no hay una región del país que no haya sido afectada aunque sea por un problema de contaminación atmosférica, efluentes contaminantes que son vertidos directamente a los cuerpos de agua, inadecuada disposición de la basura, afectación de áreas protegidas por la minería, deforestación de las cuencas de los ríos, entre miles de problemas que han padecido los venezolanos a todo lo largo y ancho del país.

 A pesar de que se han presentado algunos avances, siguen registrándose problemas como el ejercicio de la minería ilegal, el mal manejo de la basura y la contaminación en general, que se convierten en prioridades a ser atendidas en el corto y mediano plazo.

 En el documento se resumen los principales problemas ambientales que se presentaron en el país durante el año 2005, y las recomendaciones para que en el 2006 mejore el panorama ambiental.

 Algunos de los problemas planteados en el balance no se generaron en el 2005, sino que se vienen arrastrando desde hace varios años, lo que hace más delicada la situación, pues con el tiempo se han ido agravando. Esta agudización de las crisis ambientales también se debe a la poca acción de parte de los organismos encargados de sancionar y buscar alternativas para salvaguardar nuestro patrimonio natural.

Lo que dejó el 2005
 Durante el año 2005 uno de los problemas considerado por los especialistas como más dramático fue la persistencia de la minería ilegal en Guayana, debido al efecto nocivo que está generando en las principales cuencas de esta región que es uno de los principales reservorios de agua dulce del país.

 El segundo problema más grave fue el manejo inapropiado de los residuos sólidos domésticos, es decir sigue el problema por la deposición inadecuada de la basura principalmente en los centros urbanos.

 A decir de los especialistas, las intensas lluvias e inundaciones también dejaron secuelas desde el punto de vista ambiental.

 Otro punto planteado en el balance de Vitalis fue la "expropiación de tierras privadas para la conservación ambiental, desconociendo la contribución que han realizado algunos hatos y fundos en la preservación de bienes y servicios ambientales fundamentales como el agua y la biodiversidad".

 Adicionalmente los especialistas denunciaron que durante el 2005, se registró la invasión de tierras con "vocación conservacionista, incrementando el riesgo y vulnerabilidad de la biodiversidad, así como de otros bienes y servicios ambientales".

Muy pendiente
 Otros problemas que se están presentando en diferentes puntos del país y que aparecieron reflejados en el balance del año 2005 de Vitalis fueron los siguientes:

* La propuesta de realinderamiento del Parque Nacional El Ávila, sin la debida consulta con la ciudadanía y el resto de las organizaciones públicas en el mismo gobierno, fue otro punto de debate denunciado en el informe anual.

* La persistencia de la Lenteja Acuática (Lemna sp.) en el lago de Maracaibo, como reflejo de los procesos de eutrofización que confronta este ecosistema.

* Mal manejo de inundaciones urbanas, con las subsecuentes consecuencias sobre las personas y sus bienes.

* El crecimiento del nivel del lago de Valencia.

* El comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente en las carreteras de San Felipe, en el estado Yaracuy; en Morón, estado Carabobo; Píritu (Anzoátegui), y las áreas del Delta del Orinoco en el estado Delta Amacuro y Guayana en Bolívar. A esto se suma la limitada reinserción de las especies que han sido rescatadas, a su hábitat natural.

* Crecimiento de los pasivos ambientales en diversas regiones del país, sin la debida atención de las empresas públicas y privadas responsables de los mismos.

* Contaminación atmosférica debido al poco mantenimiento de los vehículos por parte de la ciudadanía y las empresas transportistas y la deficiente supervisión de las autoridades municipales y nacionales.

* Contaminación sónica en las principales ciudades del país, fundamentalmente debido a vehículos y motocicletas en mal estado.

* Mal manejo de los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos a nivel nacional.

* Las empresas operadoras de recolección siguen sin contar con la infraestructura necesaria para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades ambientales no realizan la debida supervisión. Muchos residuos como baterías de celulares y de vehículos, por citar solo algunos, son tratados como residuos domésticos.

* Crecimiento del comercio informal, con las subsecuentes dificultades en el tránsito automotor urbano, el manejo de los residuos no peligrosos y la salud de los propios vendedores informales.

* Pérdida de diversidad biológica debido a la deforestación, la fragmentación de hábitat y el sobre-aprovechamiento de animales y plantas silvestres, principalmente en zonas protectoras y/o de amortiguamiento de las ciudades.

* Propuestas de desarrollo de proyectos de infraestructura sin el correspondiente estudio de impacto ambiental.

Siguen los problemas
* Degradación de las diversas cuencas al norte del río Orinoco, con especial énfasis en los ríos Limón, Catatumbo, Motatán, Tocuyo, Tuy, Guárico, Guapo, Unare, Manzanares y Neverí, entre otros.

* Contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, aguas, vegetales, animales y seres humanos) por plaguicidas y/o agroquímicos en general, particularmente en la región de Los Andes y Los Llanos.

* Cacería furtiva, particularmente en los Llanos y los Andes.

* Pérdida de áreas de manglar por acción combinada de la sequía prolongada y el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas en su área de influencia.

* Demora en la actualización de algunas normas técnicas para adecuarlas a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

* Limitada capacidad productiva en materia legislativa, dejando por fuera la aprobación de la Ley de Aguas y aprobando la Ley de Gestión y Planificación del Territorio que tiene algunas omisiones importantes en opinión de los ambientalistas.

* Carencia de un sistema eficiente y automatizado de alerta temprana, que monitoree el nivel de los ríos, la pluviosidad, la velocidad del viento y otras variables climatológicas importantes, para la prevención y atención de emergencias.

* Debilitamiento de la continuidad de la transferencia de la prestación del servicio de Agua Potable y Saneamiento al Distrito Metropolitano, Municipios y/o mancomunidades.

Recomendaciones
 Pero como no se trata únicamente de resaltar lo que no se ha hecho, el informe anual de Vitalis plantea una serie de propuestas de acción que de ponerse en marcha, podría ayudar a recuperar el equilibrio ecológico a todo lo largo y ancho del país.

• Instar a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo a cumplir con sus funciones ambientales. Su acción a favor de los derechos humanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debe sentirse en el seno de las comunidades, las instituciones y el país.
  
  
• Instar a las autoridades nacionales para que asuman de manera directa, valiente, y fundamentalmente técnica, la supervisión de los municipios en la gestión de la basura (...) resulta imperativo evaluar y corregir los mecanismos de recolección, tratamiento y disposición final de residuos, y el manejo apropiado de desechos tóxicos y peligrosos en los rellenos sanitarios.
  
  
• Instar al Ministerio del Ambiente, la Gobernación del estado Bolívar, la Guardia Nacional de Venezuela y demás autoridades competentes, a controlar de una vez por todas, la minería ilegal en Guayana.
  
  
• Hacer un llamado de alerta a toda la ciudadanía sobre los riesgos que corren la generación de hidroelectricidad, el agua para el consumo humano, la biodiversidad, los suelos y el aire, en general, por los procesos de deterioro, deforestación y/o contaminación en diversas partes del país.
  
  
• Proponer al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela la creación o puesta en funcionamiento del Consejo Nacional del Ambiente, integrado por autoridades públicas y organizaciones representativas de la sociedad civil, para la consulta de las políticas sectoriales y el seguimiento de los grandes proyectos nacionales en materia ambiental, que además sirva para promover la coordinación y la cooperación interinstitucional e intersectorial dentro del mismo gobierno y con los municipios para cooperar efectivamente en el desarrollo de agendas de conservación, mejoramiento y defensa del ambiente en el ámbito local.
  
  
• Asignación de un presupuesto justo para la gestión ambiental y en particular para el manejo y conservación de las áreas protegidas, a fin de que Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Refugios de Fauna Silvestre, cumplan con los objetivos de su creación, es decir, la preservación de la flora, la fauna, los paisajes, las fuentes de agua y los demás bienes y servicios ambientales, fundamentales para el desarrollo sustentable del país.
  
  
• Promover el conocimiento de las leyes ambientales vigentes, motivando a las comunidades a exigir a las autoridades su cumplimiento. La Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la República, deben tener un papel importante en dicha promoción.
  
  
• Promover la permanente actualización de los inventarios de flora, fauna, paisajes y ecosistemas, patrimonio natural de todos los venezolanos, con miras a valorar el ambiente y sus necesidades de conservación. La Contraloría General de la República debe entender que en sus inventarios de bienes y servicios del país, los recursos naturales, activos y pasivos, deben ser incluidos en las cuentas nacionales.
  
  
• Evitar que la actividad política y partidista se filtre en la gestión técnica y especializada del sector ambiental. En este particular, el MARN debe propiciar más espacios para el debate propositivo, constructivo y proactivo con las ONG, quienes perciben su acción poco consultiva. 
  
  
• Promover una mayor participación de las comunidades y las asociaciones de vecinos en la solución de sus principales problemas ambientales, y las acciones que pueden ser emprendidas desde el hogar, la escuela o el trabajo.
  
  
• Desarrollar un intenso programa de educación de la población en general para combatir el comercio ilegal de especies silvestres (aves de canto y ornato, orquídeas, bromelias, mamíferos para mascotas como monos y perezas, carnes de cacería en restaurantes y madera, entre otros).

Una débil gestión
 En la consulta realizada por Vitalis los expertos detectaron una "débil actuación" oficial frente a los ilícitos ambientales que se están registrando en el país. Denunciaron especialmente la inacción por parte de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.

 Apuntaron la poca coordinación entre los programas ambientales y de desarrollo "obviándose la estrecha relación existente entre conservación del ambiente y calidad de vida (desarrollo sustentable)".

- Presupuesto deficitario para el manejo de las áreas protegidas, particularmente aquellas con fines de protección como Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Refugios de Fauna Silvestre.

- Acceso limitado y restringido a la información ambiental pública.

- Falta de educación y conciencia ambiental además de desconocimiento de la normativa ambiental por parte de la ciudadanía, que limitan su actuación responsable.

- Falta de reconocimiento a la gestión conservacionista de los particulares y las ONG, tanto a nivel nacional como municipal.