Hace dos años fue decretado el dictamen 4.633 de la reconversión minera que tantos problemas traería al estado Bolívar, y a quienes viven de esta actividad. A raíz de esto ha habido muertes, desalojos inhumanos y demás atropellos por parte de autoridades civiles y militares, y lo que sería una salida viable para detener el deterioro del medio ambiente se convirtió en una batalla campal que aún no tiene respuesta por parte del Ejecutivo nacional que ha dejado en peores condiciones a los ya maltratados mineros.

Natalie García
ngarcia@correodelcaroni.com
Foto William Urdaneta

Hay un antes y un después de la reconversión minera, tal división la marcaron los asesinatos de Raúl Leoni en septiembre del 2006

 La reconversión minera pasó entonces a ser la “reconversión a la miseria”, y es que muchos se fueron de sus humildes hogares en las zonas de extracción de mineral para quedar defraudados, y sin esperanzas de recuperarse.

 Uno de los casos más resaltantes fue el de La Paragua, municipio Raúl Leoni, donde el decreto significó la muerte literal del lugar, que se niega a aceptar esta realidad cruda, pero real.

 Además de esto, hubo dos hechos que marcaron definitivamente las actuaciones de los militares de Teatro de Operaciones Nº 5 (TO5), quienes protagonizaron una de las historias más grandes de atropellos que hizo resonar el nombre de la localidad minera hasta en los noticieros londinenses.

Y llegó la tragedia
 Tales eventos fueron la muerte de dos pescadores y el asesinato -el 22 de septiembre de 2006- de seis mineros que, al parecer, fueron atacados de forma sorpresiva por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN), según el testimonio de un único sobreviviente de ese negro episodio.

 Tras este despliegue en contra de los mineros, muchos decidieron irse por su propio pie antes de que fuesen víctimas de una situación similar.

 Los diez implicados en este caso fueron condenados en diciembre de 2007, pero gracias a una apelación serán nuevamente enjuiciados para comprobar la hipótesis de un supuesto enfrentamiento de los mineros con los efectivos, quienes se vieron presuntamente atacados. A pesar de todo, hasta ahora nadie ha tomado en cuenta el dolor de los familiares y todo lo que ha significado el suceso.

 En la zona del bajo y alto Caura, municipio Sucre, hubo al igual que en La Paragua varios muertos, pero esta vez se trató de indígenas que al ver a los militares se echaron al monte y al río sin que aún hoy aparezcan tres de ellos. Las historias de quienes vivieron tal horror son espeluznantes, pero ya nadie quiere acordarse de ello, o al menos eso es lo que no le conviene ni a las FAN ni al Gobierno.

 Pasando de este incidente, los demás pueblos que vivían de la minería se vieron seriamente afectados, con mayor énfasis en Raúl Leoni pese a que los municipios Cedeño y Sucre también se acabaron decenas de poblados aislados que eran los que sustentaban la economía de las capitales de estos citados municipios.

Desmanes variados
 Aunque el caso de los muertos fue el que más impactó hubo episodios de saqueos a los campamentos que todavía no han sido resueltos. Muchos militares “hicieron su agosto” decomisando oro que luego no apareció. Los propietarios no pudieron hacer nada y perdieron su inversión.

 Los protagonismos políticos no se hicieron esperar, en Maripa, por poner un ejemplo, “el gobierno revolucionario regional en pleno” se instaló en un cabildo abierto en la Alcaldía de Sucre para escuchar las quejas de los mineros en contra del burgomaestre. No obstante, y pese a la seriedad de las denuncias nunca hubo resultados de las investigaciones que hicieran justicia con los mineros e indígenas.

 Para colmo de males, el mismísimo Consejo Legislativo del Estado Bolívar (CLEB) restituyó al titular municipal Juan Carlos Figarella, para dar cumplimiento al que se denominó “el Estado de Derecho”, pero éste nunca fue mencionado para la protección de quienes sufrieron vejámenes de parte de los militares.

Futuro incierto
 Si bien esto forma parte del pasado, el presente no es muy alentador, en la actualidad hay diez mil mineros, sólo de Raúl Leoni, que fueron censados durante la Alianza Pueblo-Gobierno -que agrupaba al Ministerio de Turismo, Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) y al Ministerio del Ambiente que era el ente rector- y aún no reciben respuesta de parte de las autoridades.

 Hasta la fecha ni el mismo Mibam, que ha asumido la responsabilidad de pagar la deuda con los mineros, sabe a ciencia cierta cuántos miles de millardos fueron mal administrados durante la reconversión, incluyendo lo que se invirtió en el malecón de La Paragua, que hoy se encuentra sumergido bajo las aguas de este importante río famoso por la abundancia de payaras.

 En abril del presente año el recién asumido Rodolfo Sanz, titular del Mibam y también presidente de la CVG, asistió a una asamblea en Ciudad Bolívar donde anunció -previa consulta con el presidente Hugo Chávez- el pago de las indemnizaciones que quedaron pendientes durante la reconversión.

 El monto no ha sido definido del todo pero se informó que a cada minero se le darán 10 mil bolívares fuertes, además hay un sistema de pensiones y créditos para quienes deseen salirse de la actividad y cambiarla por otra. Todo esto sigue en promesas porque el ministro no se ha pronunciado y mantiene en zozobra a los mineros de La Paragua, quienes llevan 42 días esperando una respuesta que no llega, mientras están ahogados con las deudas y en ocasiones no tienen ni para comer y han perdido las esperanzas.

Ineptitud gubernamental

 A todas estas los dos años han servido para demostrar lo que muchos ya sabían, el Gobierno en general no es, ni ha sido capaz de ejercer un control sobre la actividad minera que se desarrolla a todo lo largo y ancho del estado Bolívar.

 Tampoco ha sido diligente para generar medidas que brinden beneficios a los pueblos y a sus habitantes, quienes buscan desesperadamente una manera para sobrevivir siendo la minería el refugio más utilizado, pese al grave deterioro ambiental que implica su ejercicio y más si éste no está fiscalizado.