El abogado de los accionistas tipo B de Sidor, Atilio Hernández, advierte que una buena parte de los primeros excedentes de caja fueron destinados al Fondo Guayana y no se sabe en qué programas fueron realmente invertidos.
Cuando se habla de un "Socialismo del siglo XXI" todas las implicaciones legales se distorsionan. Los accionistas temen que se intenten cambiar las reglas del PPL.

Hernández: Hay un sector oficial que considera que dichos fondos deberían ser manejados por el Estado y aplicados a la política social

 En la actualidad hay una fuerte discordia por el retraso del pago de los excedentes de caja proveniente de las acciones entregadas a los trabajadores. Atilio Hernández, asesor laboral de los sidoristas, explicó en una entrevista concedida a Correo del Caroní que esas acciones se iban a ofrecer en venta a los trabajadores en cinco rondas, "de las cuales hasta ahora sólo se ha cumplido una ronda, con base a un listado de trabajadores activos en Sidor al 31 de diciembre de 1996". Dijo que dicha determinación abarcaba un promedio cercano a los 13 mil trabajadores "que debían manifestar si aceptaban o no las acciones que se les ofrecían".

 Además agregó que el número de acciones correspondiente a cada trabajador estaba determinado en el Programa Participación Laboral, (PPL) y serían calculadas estimando antigüedad y el nivel de remuneración de cada trabajador.

 Con la primera ronda se hizo efectiva la venta del 20% de las acciones que componían el capital social de Sidor para el año 1998. Sin embargo, en el 2003 se cumplió con la reestructura financiera de la deuda de la empresa en la cual se establecieron nuevos elementos, entre ellos, la capitalización de esa deuda por lo que el Estado aumentó su participación accionaria a 40%. Eso implicaba un nuevo ajuste para que el 20% del capital reestructurado de la empresa pasara a manos de los trabajadores. Eso genera más de dos millones de acciones procedentes de la capitalización de la deuda.

 "Más de dos millones de acciones se generaron a partir de la reestructura financiera de Sidor, producto de la capitalización del Ejecutivo nacional y que deben ser transferida a los trabajadores para que éstos mantengan su participación accionaria en un 20% de capital social actual de la empresa. Esa transferencia no se ha hecho", dijo Hernández

 Indicó que en ese mismo convenio de reestructuración se logró un acuerdo "mediante el cual se estableció que los inversionistas se iban a distribuir -de acuerdo a su capital de inversión- los excedentes de caja que genera la empresa de manera trimestral". Detalló que los primeros excedentes se obtuvieron en el 2003.

 Asegura que en dicho acuerdo de reestructuración se excluyó por completo a los trabajadores, es decir, "no se consideró a los trabajadores como accionistas y con derechos a participar en la distribución de esos excedentes. "Esa exclusión de los trabajadores colida con lo establecido en la Constitución Nacional que establece, en primer lugar, que el Estado venezolano es un estado de derecho y de justicia".

 También apuntó que en cuanto al régimen económico la Carta Magna de 1999 establece "una justa distribución de las riquezas". También señaló que bajo esos dos fundamentos, con sustento en los artículos 2 y 299 de la Constitución, el Mibam y la CVG procedieron a honrar la entrega de los primeros excedentes de caja a los trabajadores. Dijo que esto se efectuó al entender que los trabajadores al igual que los inversionistas son parte fundamental. Asegura que esta lógica viene dada desde lo legal, pero desde el punto de vista conceptual o de políticas de gobierno cuando se habla de un Socialismo del siglo XXI todo estas implicaciones se distorsionan.

Nada de millonarios
 "Cuando se transfieren parte de los excedentes de caja a los trabajadores lo que se está entregando es parte de la plusvalía que ellos generan en el proceso. De manera que no se puede decir que es un ingreso que reciben los trabajadores para que éstos se conviertan en multimillonarios, sino simplemente es una lucha, si se quiere anticapitalista o dentro de socialismo porque es la reivindicación de la valorización generada por los trabajadores", dijo Atilio Hernández.

 -¿Entonces se está tratando de distorsionar la realidad y los derechos de los trabajadores?
 -El modelo de Sidor es un modelo de cogestión con participación accionaria de los trabajadores y con beneficios directos que el trabajador recibe en forma individual. Hay otro esquema que se viene implementando en el país y que se está experimentando en Morón en la empresa Invepal, donde el esquema es distinto. Allí se constituyó una cooperativa con los trabajadores, y esa asociación es tenedora el 49% de las acciones de las empresas y el otro 51% está en manos del Estado, pero el trabajador no tiene acciones individuales. Si el trabajador sale de las empresas no se lleva nada porque quien es dueña de las acciones es la cooperativa.

 -¿Se trata de un esquema completamente opuesto al establecido en Sidor? 
 -Radicalmente distinto. El esquema es diferente. La política del Estado, bajo la administración actual plantea una modelo de cogestión similar al de Invepal.

 -¿Eso quiere decir que en ese caso no hay transferencia de acciones?
 -No hay transferencia al trabajador individual. El trabajador sigue sin apropiarse de la parte de la riqueza que crea en el proceso productivo.

 -¿Cómo se benefician los trabajadores de una cooperativa en la que no se transfieren acciones a particulares?
 -Los beneficios vienen asociados a los rendimientos de la empresa. La junta directiva tiene que optar entre capitalizar la utilidad o distribuirla entre los accionistas, pero a quien correspondería la utilidad en este caso sería a la cooperativa, porque es la tenedora de las acciones y no a los trabajadores de manera individual. Ahora el beneficio que produzca la cooperativa será decisión de sus socios, eso no está tipificado en la ley.

 -¿Considera que se está tratando de efectuar cambios en el modelo de participación laboral, teniendo como antecedente la detención del proceso en Sidor?
 -En el seno del Gobierno hay una contradicción, porque hay un sector oficial que considera que dichos fondos deberían ser manejados por el Estado y aplicado a la política social. Se busca manera de transferir esos beneficios provenientes de los excedentes al Estado a través de las políticas sociales, y corriendo el riesgo que alguien se apropie de manera indebida de esos fondos, que es el gran drama que tiene la administración del Estado, que es la corrupción.

 -¿Se está corriendo ese riesgo?¿ Existen indicios que hagan suponer una redirección del manejo de esos recursos del programa de participación?
 -Se corre ese riesgo. Los primeros excedentes de caja, buena parte de ellos fueron destinados al Fondo Guayana y no se sabe en qué programas fueron realmente invertidos. Y actualmente los trabajadores han debido percibir unos 15 millones de dólares, algo así como uno 30 millardos de bolívares que deberían estar en manos de los trabajadores por concepto de distribución de excedentes ya entregados por Sidor al Estado.

 -¿Habla de contradicciones en el gobierno, qué lo hace imaginar tal situación?
 -Dentro del gobierno hay dos sectores, uno que está en contra de la transferencia de las acciones y el pago de los excedentes, y otro que considera que ese compromiso se debe honrar y que fue el que produjo el primer pago, lo que no se explica ahora es por qué la decisión de CVG y Mibam se paralizó, porque ahora el proceso está trancado.

En compás

 -¿Existe asidero o alguna vía legal que pueda utilizar el Ejecutivo para detener este proceso de participación laboral?
 -No. En primer lugar hay un fundamento constitucional que da marco de sustentación jurídico a los pagos que se hicieron a los trabajadores. Además en segundo lugar está ese precedente. Lo contrario sería anular los pagos efectuados, esto implicaría que los trabajadores devuelvan lo recibido e implicaría si eso no es posible que quienes eran los administradores fueran procesados de acuerdo con la Ley de Salvaguarda por haber hecho un pago de en forma ilegal. Eso sería una catástrofe.

 -¿Y qué es lo que está advirtiendo la Contraloría sobre este caso?
 -Lo que aparece por Contraloría es una forma de detener o impedir nuevos pagos.

 -¿Eso es viable?
 -Los trabajadores tienen un derecho incuestionable de recibir la parte que le corresponde de los excedentes de caja. Más aún con el fundamento constitucional de esa distribución, además del precedente establecido con el primer pago. El Fideicomiso a favor de los trabajadores lo aperturó el Estado y las cuentas son autorizadas por los trabajadores.

 -¿Y por qué el proceso no continúa?
 -No hay ninguna explicación para que este proceso no se continúe. La otra situación es que se hagan nuevos pagos, pero que no se haga resistencia a la entrega de los dos millones de acciones obtenidas por la recapitalización.

 -¿Ese aumento de la cantidad de acciones tendría incidencia en el pago de los excedentes?
 -Si esos dos millones de acciones estuvieran en poder de los trabajadores, a ellos no les correspondería 15 millones de dólares sino 30 millones de dólares. Serían entonces unos 60 millardos de bolívares por concepto de excedente de caja que deberían ser cancelados a los accionistas de Clase B.

Entre líneas
 "Hay una situación extraña en todo esto. Pareciera que un sector del Gobierno estuviera interesado en dirigir estos recursos a otros fines, a un propósito distintos a la economía de los trabajadores sidoristas y de Guayana".

 Atilio Hernández afirma que estos fondos estarían siendo considerados "para inyectarlos al Fondo de Producción Social, pero hasta ahora no hay ninguna certeza. La información que se tiene es que ya dichos recursos no están en poder ni de CVG, ni del Bandes".

 -¿Disponer de esos recursos no sería ilegal?
 -Configuraría una apropiación indebida. Si ese dinero corresponde a los trabajadores y si alguien en nombre de cualquier institución dispone de ese dinero se estaría configurando una figura delictiva.

Dos aspectos

(Claridad
 Sidor como empresa no tiene discrecionalidad. Atilio Hernández dijo que la Siderúrgica está obligada por los convenios de reestructuración de la deuda a entregar los excedentes de caja "y la empresa ha venido cumpliendo con esa estipulación, el problema se viene presentando con la distribución de los recursos, la parte que recibe el Estado y que corresponde a los accionistas Tipo B".

(Restante
 Faltan más de 2 millones de acciones. Ese monto con correspondía al PPL original "pero hay un compromiso de parte del Estado de hacer la transferencia de esas acciones a los mismos beneficiarios, tanto a los activos, jubilados y pensionados, así como a aquellas personas que ya no laboran en la empresa.

"En riesgo la libertad sindical"
 La conflictividad sindical es evidente. Atilio Hernández reflexiona y se pregunta cuál será el destino de la dirigencia sindical y de las organizaciones obreras, "si van a tener derecho a manifestar y organizarse libremente".

 Asegura que la libertad es un bien fundamental para la existencia de los sindicatos "y los sindicatos son necesarios para que un país sea democrático".

 Dijo que todavía no se ha dicho en el país si el Socialismo del siglo XXI incluye a los sindicatos. No sabe si en el país por las disposiciones oficiales se mantendrá la discusión contractual de los trabajadores, "o si las formas o condiciones de trabajo se establecerán de manera unilateral en las empresas de producción social". Además asegura que existe incertidumbre, sobre todo cuando la población se pregunta qué va a pasar con la seguridad social.

 Hizo mención que las cooperativas nacieron para el beneficio de la ciudadanía como un medio de reivindicación, "pero no pueden ser un instrumento para ejecutar un programa neoliberal que terceriza los servicios en las empresas para que no existan condiciones colectivas contratadas, o los sindicatos". Sostuvo que las cooperativas no pueden sustituir a la dirigencia obrera.

 Afirma que en el país la autonomía sindical está en riesgo. Indicó que desde el Ministerio del Trabajo se interviene la vida sindical "y se está haciendo de manera peligrosa fomentando los sindicatos paralelos que fragmentan la lucha de los trabajadores".

 Dijo que el productor debe beneficiarse "y ser tenedor de las riquezas producidas", refiriéndose en todo caso al aporte que hace la clase obrera en hacer a una empresa productiva y rentable.

 Considera que en la actualidad se trata de distorsionar la realidad. Además apuntó que no se trata de democratizar la pobreza, sino la calidad de vida. "No se trata que el ciudadano tenga cualquier clase de trabajo, sino que tenga un empleo estable y que ese empleo genere seguridad social. Indicó que en el país se intenta precarizar el trabajo y mal poner el esfuerzo obrero, las acciones sindicales y el reclamo a las conquistas. Rechazó el calificativo oficial de aristocracia, diciendo que es evidente que en el país existe una profunda diferencia entre sueldos y salarios que deben ser atendidos de otra manera y no sembrando la discordia entre la población.

Pedro José Sánchez
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Foto Antonio García Jr.