Falta de seguimiento estatal a servicios básicos vulnera derechos humanos de indígenas del pueblo warao en Guayana, sumiéndolos en la zozobra y olvido en medio de la ciudad.

En lo que va de año se han registrado tres muertes de niños waraos por múltiples causas asociados a la desnutrición en la comunidad de Cambalache, en Puerto Ordaz, a orillas del río Orinoco.

A pesar de que el Estado debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas, para María Teresa Sánchez, directora de Extensión Social Universitaria en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB Guayana) y miembro de Causa Amerindia, “no hay una respuesta efectiva, oportuna y fortalecida” para atender a estas comunidades.

Según la directora, desde que se sancionó la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas en 2005 no se ha sistematizado las políticas públicas para la atención de estas poblaciones. “Al no tener garantías de servicios en el centro de Puerto Ordaz, al no tener los servicios en la terminal ¿hay derecho a un ambiente sano? No, entonces desde que está la ley no se cumple”.

La comunidad indígena La Riviera, que desde hace más de 30 años se ubicó entre los edificios del centro de Puerto Ordaz, está cada vez sumida en mayor pobreza. Ante la falta de gas, al entrar lo primero que se percibe son los pedazos de leña amontonados en la cercanías de la acera, los niños corren entre los espacios que dividen cada una de las viviendas, las cuales en su totalidad fueron construidas con pedazos de zinc, lona y troncos de madera.

En esta zona hay al menos cinco niños entre 1 y 8 años de edad, todos juegan y corren alrededor de las casas. Aunque la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, en diciembre de 2019 manifestó: “debe reafirmarse el compromiso de los Estados y los pueblos en preservar y difundir las lenguas indígenas”, la escuela intercultural bilingüe Nobotomo Kokotuka, ubicada a pocos metros de distancia, está cerrada por la falta de un maestro especialista de ambas lenguas.

Alimentados de promesas

Según la evaluación de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), publicada el 23 de febrero, 7,9% de los venezolanos están bajo una inseguridad alimentaria severa, es decir, ha pasado uno o varios días sin comer.

 
El servicio de gas es inexistente en la comunidad warao de Puerto Ordaz, los pocos alimentos que pueden cocinar son a leña | Foto William Urdaneta
 


De esos sectores susceptibles, las comunidades indígenas de Ciudad Guayana abarcan un porcentaje. Un habitante del pueblo warao, que no quiso identificarse, explicó que el problema más grave es el hambre. Pueden llegar a pasar hasta dos días sin comer, y cuando comen lo hacen una sola vez al día.

Además manifestó que la mayoría de las organizaciones gubernamentales que prometen ayuda, no cumplen su palabra. Para María Sánchez la situación de estas etnias es totalmente cruel: “han sido engañados por mucha gente, y aprovechados por muchos otros”, aseguró.

En San Félix

Cerca de la terminal de autobuses en San Félix está otra de las comunidades waraos, a pocos metros de la avenida está la estructura de las casas prometidas en 2017. Allí tan solo se mantiene el cemento y algunas tuberías en el piso… la pega de bloques -inconclusos- que en algún momento se realizó ya no existe.

Actualmente los indígenas se refugian en casas construidas de ramas, palos, lonas y bolsas. El suelo de sus viviendas son de tierra, algunas de estas se mantienen abandonadas, la inexistente evidencia de ropa y alimentos lo demuestra, en las áreas aledañas el monte ha rodeado gran parte de las chozas.

De acuerdo con uno de los habitantes que prefirió mantenerse bajo anonimato, cerca de 10 familias han terminado migrando hacia la frontera con Brasil, entre ellos su padre. “La miseria que estamos pasando”, manifestó ser una de las principales causas.

De acuerdo con la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ya en 2018 se registraban 8.400 indígenas en calidad de refugiados y 142 más solicitando asilo. “Están perseguidos, arrebatados de su hábitat, de sus tierras”, manifestó la diputada indígena de la Asamblea Nacional, Gladys Guaipo.

Hasta ahora, esta comunidad no ha recibido apoyo gubernamental de acuerdo con algunos indígenas, y a pesar de tener un consejo comunal establecido, hace más de cuatro meses no se les distribuye la bolsa de comida de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP). Adrián Pérez, un joven warao de 20 años de edad, mencionó que por lo general comen dos veces al día, yuca o arroz, nada de proteínas. A los bebés, por lo general, se les da agua con azúcar.

En estas viviendas hay siete niños entre 1 y 6 años de edad, no tienen acceso a agua potable, por lo que ingieren de uno de los riachuelos ubicados en la parte posterior de la barriada. En esta canal conectan distintas entradas de aguas residuales, pero allí cocinan, lavan y se bañan. Una mujer de la comunidad que prefirió no identificarse comentó que a menudo los niños se enferman de fiebre, diarrea y vómitos, sin embargo ellos se dirigen a hospitales o al módulo asistencial de Manoa para ser tratados.

“Nuestros hermanos -indígenas- han sido abandonados totalmente, no hay ayuda, no hay asistencia médica, se están muriendo por falta de medicinas, por falta de comida, lo que los utilizan es cuando vienen elecciones”, manifestó la diputada Guaipo, quien además indicó que para ayudar a estas comunidades desde la Asamblea Nacional tiene que haber primero un cambio político en el país.

A pesar de ser una comunidad establecida dentro de San Félix los niños y adolescentes no asisten a colegios, para Sánchez las razones son variadas, desde la falta de garantías en el derecho la alimentación, hasta el simple hecho de no conseguir efectivo para trasladarse.

El cacique Teobaldo Zapata se rehusó ofrecer información sobre la condición de los servicios públicos y de salud en su comunidad.

De acuerdo con Provea, en su informe preliminar de 2019 la situación social de los indígenas empeoró. “El 2018 se caracterizó por el recrudecimiento de las afectaciones consecuencia de la crisis humanitaria compleja sobre todo en salud y alimentación, aumentando de manera exponencial la migración forzosa en varios pueblos indígenas, la incorporación por sobrevivencia a labores riesgosas de contrabando, la minería ilegal en mayor escala, la deserción de la labor educativa y el sometimiento a condiciones de explotación laboral”, señala el documento.

“Las políticas de inclusión y valoración de los pueblos indígenas en Venezuela son unas de las más grandes fortalezas de las políticas sociales de los últimos tiempos” aseguró la ministra Núñez a finales del año pasado, sin embargo la muerte reciente de 3 niños waraos en Cambalache y el estado de los servicios básicos en comunidades del centro de Puerto Ordaz y de la terminal de pasajeros de San Félix tan solo evidencia la vulneración de sus derechos humanos.

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